La Oficina de la Procuradora de las Mujeres inició una investigación contra la compañía Bridge Security Services para indagar en el proceso de contratación de Anthony Salvá Rivera, de 26 años y conocido como Pipi, quien fue acusado anoche por el crimen de una compañera trabajo, Jeniffer Michelle Maldonado Padua, de 33.

En comunicado de prensa, la procuradora de las mujeres, Lersy Boria Vizcarrondo, señaló a que a la empresa se le notificó durante la mañana del inicio de la pesquisa. Dijo que se busca determinar si hubo negligencia en el proceso de contratación de Salvá Rivera, ya que este poseía expediente criminal.

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“A todas luces, hubo negligencia en la contratación de una persona con un amplio expediente criminal. Para esto, enviamos un requerimiento de información, porque es importante determinar bajo qué circunstancias este hombre fue contratado”, explicó Boria Vizcarrondo.

La procuradora añadió que “estamos hablando de la vida de una mujer que pudo ser salvada. Una mujer que llegaba a su lugar de trabajo, esperando que fuera uno seguro, pero lamentablemente la expusieron a peligro y tristemente perdió la vida. Le pusieron al lado a una persona con récord por escalamiento, sodomía, violación y exposiciones deshonestas. Nos resta velar por los empleados que siguen vivos, y pudieran estar expuestos al mismo peligro por un patrono negligente”.

La funcionaria también reveló que empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) se querellaron en contra de la empresa por asuntos contractuales.

“Encontramos en nuestros expedientes una querella por hostigamiento contra este patrono. Este caso, presentado ante OPM se encuentra bajo investigación y ciertamente llegaremos hasta las últimas consecuencias con el único objetivo de proteger a la víctima”, expuso la procuradora.

El requerimiento de información cursado a la empresa por OPM busca investigar las circunstancias de la contratación de una persona que prestaba servicios de seguridad, a pesar de tener amplio expediente criminal, así como conocer los protocolos que tiene la empresa, documentos entregados por el imputado, resultados de la investigación realizada entre vecinos y familiares, entre otros.

En el caso de haber sido contratado por servicios profesionales, se debe entregar a OPM una copia certificada del contrato, listado de documentos requeridos, documentos entregados por el contratista, copia certificada de facturas y copia certificada de informes de trabajo.

Al concluir la investigación, la OPM tiene la facultad para imponer multas, hasta revocar la licencia de operaciones de la empresa, según detalla el Art. 17c de la Ley 108-1965 que establece que “constituirá motivo para revocar una licencia que el tenedor de una licencia de detective privado o algún miembro o empleado de una Agencia fuere convicto por cualquiera de los delitos mencionados en el inciso (c) del Artículo 4″.

Maldonado Padua fue asesinada y su cuerpo fue encontrado en la noche del martes en un risco a orillas de un río en el kilómetro 62 de la carretera PR-123, del barrio Río Abajo, de Utuado. Por los hechos, anoche se acusó criminalmente a Salvá Rivera, a quien se le impuso una fianza de $2 millones.