Unas 23 medidas aprobadas en Cámara y Senado en la pasada sesión ordinaria habían llegado esta tarde al despacho del gobernador Pedro Pierluisi, entre ellas, el Proyecto de la Cámara 2, que busca eliminar restricciones al derecho a la libre expresión en manifestaciones en edificios e instalaciones públicas.

Tras el cierre sesión, el pasado 30 de junio, las secretarías de Cámara y Senado trabajan en el proceso de certificar “los enrolados (fase final)” de más de un centenar de medidas, entre proyectos de ley y resoluciones para ser remitidas a la Fortaleza. Una vez el Gobernador recibe las medidas, que deben tener la firma de los presidentes del Senado, José Luis Dalmau y de la Cámara, Rafael “Tatito” Hernández, el mandatario tiene 30 para actuar sobre ellas, convirtiéndolas en ley o vetándolas.

“Estamos certificando documentos”, dijo a Primera Hora el sub secretario de la Cámara, José Aníbal Herrero Acevedo. Estimó que el trámite final de las medidas podría tomar varios días del mes de julio. Dijo que el P.C. 2 fue enviado este martes a la Fortaleza.

La medida, de la delegación popular en la Cámara, busca derogar varios artículos del Código Penal a los efectos de “descriminalizar las sanciones penales” en manifestaciones dentro de algunas instalaciones del gobierno. Algunas de estas restricciones habían sido agregadas al Código Penal en 2012, tras la huelga de la Universidad de Puerto Rico a raíz de la imposición a los estudiantes de una cuota de $800 y por las protestas que generó entonces el proyecto Vía Verde (Gasoducto). En el 2013, bajo la gobernación de Alejandro García Padilla se dejaron sin efecto y en 2017, bajo la incumbencia de Ricardo Rosselló, se restituyeron.

“Nuestro planteamiento es que no existe justificación alguna que valide la necesidad de establecer un delito distinto, separado e independiente para iniciar un procesamiento criminal, utilizando un lenguaje vago para sancionar la disidencia”, dice la exposición de motivos de la medida.

Sostiene que los delitos de alteración a la paz (Artículo 241); el empleo de violencia o intimidación contra la autoridad pública (Artículo 245); y la resistencia u obstrucción a la autoridad pública (Artículo 246), entre otras disposiciones, son suficientes para garantizar la continuidad de los servicios gubernamentales,

El Sub secretario de la Cámara indicó que otra medida que “va para la Fortaleza en algún momento de este mes de julio” es el P.C. 515. La pieza legislativa, de los representantes del Movimiento Victoria Ciudadana, José Bernardo Márquez y Mariana Nogales propone crear la “Ley para la Fiscalización y Rendición de Cuentas en Tiempos de Emergencia” y establece términos para decretar un estado de emergencia. Además, prohíbe la suspensión de leyes con motivo de un estado de emergencia mientras la Asamblea Legislativa se encuentre en sesión y establece el deber del Gobernador o Gobernadora de someter informes sobre la emergencia a la Asamblea Legislativa.

Pasa también a Fortaleza, el P.S. 403 de los senadores Ana Irma Rivera Lassén y Rafael Bernabe que designa el día 21 de marzo de cada año como “Día Nacional para la Erradicación del Racismo y Afirmación de la Afrodescendencia”, como parte de los esfuerzos para eliminar cualquier manifestación de discrimen racial y/o étnico.

Otros proyectos que ya están en Fortaleza, son el Proyecto de la Cámara 442, que prohíbe el uso de neveritas de foam en playas y balnearios, del representante Ángel Matos, el P.C. 152, del representante Jesús Manuel Ortiz, que establece protecciones de empleo para pacientes registrados y autorizados de cannabis medicinal y el Proyecto de la Cámara 547, que crea la Ley Contra la Venganza Pornográfica en Puerto Rico.

También serían remitidas al despacho del Primer Ejecutivo el P.S.71, que busca prevenir las muertes por sobre dosis de opiáceos y el P.S. 74 que propone crear un Observatorio de Drogas. Estas dos medidas son del senador independiente, José Vargas Vidot.

Igualmente, el P.S. 130 que agrega el feminicidio y transfeminicidio como delitos y el P.S. 358, que enmienda a la Ley 54 para que haya un fiscal en las vistas de causa para arresto,. Estas dos piezas de ley son de la senadora Migdalia González.

Figura además, entre las medidas que van a Fortaleza, el P.S. 135 que enmienda a Ley de Hostigamiento sexual en el empleo para establecer que en los casos en que se adjudique responsabilidad al gobierno, en sus tres ramas, así como a los gobiernos municipales, éstos puedan exigir a los funcionarios acusados el reembolso de los fondos públicos pagados a las víctimas como parte del proceso. La medida, de la senadora popular, Rosamar Trujillo Plumey persigue que el peso último no recaiga sobre el tesoro público, sino sobre la persona que cometió la infracción.

El P.S. 89, que propone establecer la “Ley para Operacionalizar el programa Puerto Rico Emprende Conmigo y el P.S. 152, de la senadora independentista María de Lourdes Santiago, para establecer la “Ley de la Oficina Enlace de la Comunidad Sorda con el Gobierno de Puerto Rico” y crear la “Oficina Enlace de la Comunidad Sorda con el Gobierno de Puerto Rico”, son dos de las medidas que ya están en el escritorio de Pierluisi.

Hasta el momento, el Gobernador sólo ha convertido en ley dos medidas del cierre de la pasada sesión: la Resolución Conjunta 144 del Prespuesto y el Proyecto de la Cámara 166 que extiende las cláusulas no económicas de los convenios colectivos durante el proceso de negociación colectiva con las uniones que representan a los empleados públicos.