El gobernador Ricardo Rosselló reiteró que su administración dará la batalla por las pensiones y el bono de Navidad de los empleados públicos, al tiempo que criticó “la insistencia casi obsesión” de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF)” por hacer lo contrario.

Hoy, la JSF, tras certificar su plan fiscal, estableció que este incluye la prohibición expresa del pago del bono y la reducción de las pensiones.

Rosselló, en una conferencia de prensa donde anunció la adopción de un reglamento conjunto para la expedición de permisos y la agilización de los procesos, lamentó que los miembros de la Junta insistan “en la intromisión de su pensar ideológico en la política pública”.

Sobre el Bono de Navidad, dijo que seguirán batallando porque “estamos en ley para poder otorgar ese bono de Navidad. Así que (ellos) seguirán insistiendo y buscando sus mecanismos cada vez más y nosotros seguimos luchando para que la política pública del gobierno se ejecute”.

Aunque aceptó que no había escuchado toda lo que expresó la Junta en la audiencia de hoy, dijo que “nosotros vamos a dar la batalla por las pensiones. Hemos recortado para poder pagar estas pensiones. Si no se quieren pagar estas pensiones es un asunto puramente ideológico de parte de la Junta”, insistió.

De otro lado, y en cuanto a los propuestos aumentos por parte de la Junta a servidores públicos como los maestros, Rosselló elogió la acción al tiempo que dijo que eso demuestra que el ente fiscal escuchó sus peticiones de agosto pasado “para que se le haga justicia a los policías, a los bomberos, para que se invierta en salud, para que se invierte en educación”.

Mencionó que aunque su administración ha hecho aumentos módicos a la Policía, han solicitado más.

“Ahora se abre la puerta para que sea más amplio y yo creo que esto denota el que nosotros hemos podido hacer cambios sustanciales en la operación del gobierno para que se puedan otorgar todos estos aumentos y esta justicia salarial que habíamos solicitado”, agregó.

En torno al anuncio de la Junta de que está designando a los 78 municipios como entidades cubiertas bajo la Ley Promesa, el gobernador sostuvo que eso es parte de las consideraciones que estaban bajo esa ley.

“Ahora lo que procede es que esos municipios tengan que hacer su plan fiscal”, al igual que otras agencias.

Agregó que el gobierno ha buscado mecanismos junto a los alcaldes  para que los municipios “puedan tener una pista con recursos para que puedan despegar”.

Reconoció que eso es un recordatorio de que hay que sentarse para buscar soluciones permanentes para toda la estructura del gobierno, a nivel estatal, regional y municipal.

Por otra parte, Rosselló argumentó que se ha convertido en uso y costumbre que cada vez que el gobierno presenta su presupuesto, la JSF envíe una notificación de violación.

La directora de la JSF, Natalie Jaresko, adelantó que le notificará a Rosselló que el presupuesto presentado está en violación del plan fiscal del ente fiscalizador.

“No he recibido la carta”, dijo el gobernador al indicar que la notificación de violación es casi automática.

Sostuvo que lo que espera del proceso es “que sea razonable, que no se sea ideológico, que no se agarren de unos conceptos de austeridad por el mero hecho de que tienen que demostrarle a alguien que se están llevando a cabo unos recortes y que la gente tiene que pasar dolor.

El primer ejecutivo reconoció que hay recortes necesarios, pero urge usar la creatividad y la inteligencia para lograr que sean en áreas que lo ameriten.

“Siempre estamos dispuestos a ver qué otras áreas podemos recortar para que las prioridades del gobierno puedan ser exitosas”, agregó.