La Cámara de Representantes inició este lunes en la tarde, en su sesión ordinaria, la evaluación de un proyecto de ley que reduciría de 17 a 13 personas la composición de la Junta de Síndicos de la Universidad de Puerto Rico, y reincorporaría al Secretario de Educación como miembro ex officio.

El debate en el hemiciclo cameral sobre el Proyecto de la Cámara 927 comenzó a eso de las 3:20 p.m., consumiendo el primer turno la presidenta de la comisión cameral de Educación y para el Fomento de las Artes y la Cultura, Brenda López.

El presidente del Senado, Eduardo Bhatia, anticipó esta tarde, que las cámaras legislativas tienen previsto aprobar el proyecto de administración que reconstituye la Junta de Síndicos, cuyo efecto será que todos sus actuales integrantes cesarán en sus funciones tan pronto la medida sea convertida en ley por el gobernador Alejandro García Padilla.

“La comunidad académica entera ha dejado sentir su insatisfacción con la composición de la Administración Central actual y las decisiones de las que han sido responsables. Así, pues esta legislación nace de los reclamos de los diversos componentes de la comunidad universitaria y pretende brindar el control de la universidad a sus propios estudiantes y profesores”, señala el informe de la medida.

De igual forma, el documento señala que el P de la C 927 le daría a los sectores universitarios las herramientas para ampliar la participación democrática.

“La universidad pública debe asumir, sin titubeos ni dilataciones, un compromiso genuino para gestionar un modelo de gobernanza inclusivo y ejemplar, que sirva a su función primordial de enarbolar la bandera de la educación pública y accesible junto al blasón de la calidad educativa y la creación y difusión de conocimiento para que juntos, puedan transformar los actuales paradigmas de injusticia y desigualdad”, agrega el análisis legislativo.

Bhatia se pronunció molesto por las respuestas del presidente de la UPR, Miguel Muñoz, y de los síndicos ante reclamos de la comunidad universitaria con el desempeño de la gerencia universitaria en momentos en que el centro docente es investigado por el alegado uso indebido de dinero federal para investigaciones científicas.

Además, la administración central de la UPR es objetivo de una pesquisa separada en el foro estatal por el desembolso de dinero a un grupo de timadores que se hicieron pasar por el secretario de Asuntos Públicos de La Fortaleza, Jorge Colberg Toro.

Mientras se discute esta legislación en El Capitolio, el presidente del Partido Nuevo Progresista (PNP), Pedro Pierluisi, condenó la intención de la administración de gobierno de aprobar un proyecto de ley dirigido a eliminar del "golpe y porrazo" la Junta de Síndicos de la Universidad de Puerto Rico y sustituirla por una Junta de Gobierno.

La nueva junta tendría dos representantes estudiantiles, dos claustrales y al Secretario de Educación como miembro ex officio.

Varios políticos del PNP han planteado desde temprano en el día que la pesquisa que hacen autoridades federales sobre el uso de dinero público en la UPR corresponde al periodo entre los años 2003 a 2009, cuando la institución académica era presidida por Antonio García Padilla, hermano del Gobernador.

"Hay seis años que se están investigando en que nosotros no tenemos nada que ver", dijo Pierluisi, quien procedió a defender nuevamente la gestión de Muñoz como presidente de la UPR. "Enderezó las finanzas de la Universidad y le devolvió su elegibilidad con la ‘Middle States Association’", agregó.

El político del PNP no mencionó que en el 1993, cuando Pedro Rosselló llegó a la gobernación sometió legislación para hacerle cambios a la UPR. En el cuatrienio pasado, el entonces gobernador Luis Fortuño presentó legislación para ampliar los integrantes de la Junta de Síndicos y poder nombrar personas identificadas con el PNP.

El portavoz del PNP en el Senado, Larry Seilhamer, afirmó que la acción de la mayoría legislativa y del Ejecutivo "no representan ejemplo de sana administración". Opinó que los cambios en la Junta de la UPR y en otros organismos similares "precisamente politizan a las juntas".

El viernes, agentes de la Oficina del Inspector General allanaron las oficinas administrativas de la UPR, como parte una investigación sobre el presunto mal uso de dinero asignado por la Fundación Nacional de las Ciencias (NFS, por sus siglas en inglés). a investigadores académicos.