El Senado aprobó esta tarde, con enmiendas, un proyecto de La Fortaleza que sienta las bases para que el Departamento de la Familia cumpla con la Ley federal para la Prevención del Maltrato y Preservación de la Unidad Familiar, (Family First Act, en inglés).

El proyecto de ley recibió 25 votos a favor y uno en contra, de la portavoz del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), María de Lourdes Santiago.

La medida recibió enmiendas en sala, una de la senadora del Proyecto Dignidad, Joanne Rodríguez Veve para disponer que el Departamento de la Familia les certifique al gobernador Pedro Pierluisi Urrutia y a la Asamblea Legislativa que la agencia cuenta con los recursos humanos necesarios para la implementación del Family First.

También se enmendó el texto para establecer que “la prioridad del gobierno es identificar, evaluar e incluir entidades de servicios establecidas en Puerto Rico, cuyos modelos de servicios están desarrollados e implementados para nuestra población de conformidad con las guías federales aplicables”.

El Proyecto del Senado 537 fue radicado el 18 de agosto de 2021 por la delegación del Partido Nuevo Progresista (PNP). La medida recibió un informe positivo de la Comisión de Bienestar Social y Asuntos de la Vejez, que preside la senadora Rosamar Trujillo Plumey.

“Se tomó en consideración las recomendaciones planteadas por la Oficina de Administración de los Tribunales y su experiencia con la Ley 246 de 2011, también conocida como Ley para la Seguridad, Bienestar y Protección de Menores”, dijo la legisladora del Partido Popular Democrático (PPD), al defender la medida en un primer turno en la sesión.

Trujillo Plumey indicó que también se establece “mayor rigor al Departamento de la Familia sobre su responsabilidad en materia de la información que debe suplir al foro judicial para que este pueda cumplir con su función adjudicativa en procedimientos de maltrato o negligencia, además de la disposición que requiere la rendición de cuentas ante lo que implica esta nueva política pública”.

Según la legisladora de las vistas públicas que se efectuaron “quedó está claramente establecido que el Departamento no está preparado en la práctica para cumplir con la encomienda de conformidad a los requerimiento de la nueva política publica, lo que provocará carencia de servicios, dilación, cúmulo de casos e incumplimiento ante el gobierno federal ante un escenario insuficiente de recursos humanos”.

Dijo que información requerida al Departamento de la Familia revela que desde enero de 2021 hasta el pasado 15 de febrero de 2022, la agencia solo ha reclutado 22 trabajadores sociales.

“Aquí se señaló continuamente la posibilidad de pérdida de fondos federales para ejercer presión en aprobar la legislación en o antes del 31 de diciembre del pasado año sin que se hubiera completado el análisis y el trabajo de la Comisión, pero desde que se comenzó a trabajar el Family First en Puerto Rico, el Departamento de la Familia ha recibido sobre $5 millones de dólares para procedimientos transición e implementación”, sostuvo Trujillo Plumey.

Añadió que le requirió al Departamento de la Familia que certificara si se habían perdido fondos federales por incumplimiento o cualquier otra razón relacionada a la implementación del Family First y “no presentó certificación alguna a esos efectos como tanto se mencionaba públicamente porque no había pérdida de tales fondos”.

La senadora dijo que en las vistas públicas “quedó evidenciado que la Secretaria del Departamento de la Familia no está en pleno conocimiento del tema ni pudo demostrar cuál es la estructura ni el plan de acción para ejecutar las disposiciones de lo que será esta nueva ley a corto, mediano y largo plazo”.

Agregó que por eso se introdujeron mecanismos a la legislación para que la Asamblea Legislativa pueda dar seguimiento a la implementación, ejecución y medición de resultados.

“Esta ley es uno de los proyectos más importantes que vamos a estar tratando durante este cuatrienio”, indicó por su parte, la senadora novoprogresista, Kerem Riquelme, quien reclamó que ha podido evidenciar “el trabajo que no solamente ha hecho la Comisión de Bienestar Social, sino también el trabajo que ha hecho el Departamento de la Familia para poder implementar este proyecto de ley”.

“La preservación de la unidad familiar es lo que busca Family First y esto representa un cambio en cómo brindamos servicios a los menores en riesgo . Sabemos que en Puerto Rico uno de los males sociales más grandes que tenemos es el maltrato a menores. Sin embargo, en Family First vamos a tener un modelo que se enfoca en la prevención y en la provisión de servicios en ambientes familiares, evitando hasta donde sea posible que los menores vayan a una institución y esto es basado en evidencia científica”, sostuvo Riquelme.

El Gobernador incluyó la medida en una sesión extraordinaria en diciembre del año pasado y se quedó pendiente.

El Departamento de la Familia reclamó entonces que de no aprobarse legislación relacionada con el Family First, el gobierno de Puerto Rico podría perder sobre $800 millones en fondos federales. Los fondos, según la agencia, les ayudarían a prevenir casos de maltrato.