El Senado derrotó hoy un proyecto de ley (P. del S. 666) que buscaba crear la Ley de salarios mínimos para los profesionales del trabajo social en el sector privado en Puerto Rico.

La pieza de ley recibió 10 votos a favor, seis en contra y ocho senadores se abstuvieron.

“Esta medida responde a un viejo reclamo de los trabajadores sociales de que puedan ser compensados con un salario decente. Sin embargo, se queda fuera el ejército de trabajadores sociales del servicio público que, durante años, se ha señalado la miseria que se les paga”, expresó en un turno sobre la medida la portavoz del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), María de Lourdes Santiago.

La legisladora dijo que, aunque votaría a favor de la medida, no le hace justicia a los miles de trabajadores sociales que laboran en el sector público, como el Departamento de la Familia y el Departamento de Educación, entre otras dependencias gubernamentales.

El proyecto de ley establece escalas salariales para los trabajadores sociales del sector privado que comienzan en $11.53 la hora ($2 mil mensuales) para los trabajadores sociales con bachillerato, sin experiencia o menos de tres años de experiencia; $14.42 la hora ($2,500 mensuales) para un trabajador social con bachillerato y tres años de experiencia; $17.30 la hora ($3 mil mensuales) para los trabajadores sociales con maestría, con menos de tres años de experiencia y $20 la hora ($3,500 mensuales) para los trabajadores sociales con maestría y tres años de experiencia.

El informe que acompaña la pieza legislativa sostiene que la medida busca mejorar las condiciones laborales de este sector, “ayudando a su vez a disminuir el éxodo de estos profesionales y el abandono de esta profesión por ocupaciones que impliquen menor responsabilidad y riesgos”.

“Es importante destacar que los profesionales de trabajo social merecen devengar una compensación conforme a su exigente preparación académica, experiencia y labor”, dice la exposición de motivos de la medida, radicada por el senador popular Rubén Soto Rivera.

Otros proyectos

El Senado, que atendió esta tarde un cargado calendario con más de una veintena de medidas, tampoco dio paso a un proyecto que enmienda el Código Civil de Puerto Rico para añadir como requisito de examen de laboratorio para la emisión del certificado de matrimonio, las pruebas de Hepatitis B, Hepatitis C y Virus de Papiloma Humano (VPH).

La medida recibió 13 votos a favor y 11 en contra. Para pasar, la medida necesitaba al menos 14 votos.

El senador independiente y salubrista, José Vargas Vidot, pidió que el análisis de la medida se postergara, pero no se dio paso a su petición. “El proyecto es loable y es importante, pero nos hace falta más información”, sostuvo Vargas Vidot.

Dijo que la Administración Federal de Drogas (FDA, en inglés) no ha aprobado un certificado sobre la prueba del VPH “porque no existe, y la única alternativa es un pad anal, una prueba invasiva”.

Se aprobó con 16 votos a favor, seis en contra y dos abstenciones, el Proyecto del Senado 731 que enmienda la Ley 54, para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica para disponer que el delito de agresión sexual conyugal no prescribe cuando la víctima sea menor de 18 años y el imputado o imputada mayor de 18 años al momento de la comisión del delito.

La Sociedad para la Asistencia Legal (SAL) se opuso a la medida, según reza en el informe del proyecto de ley, de la autoría de la senadora popular Marially González Huertas.

“La SAL exhorta a la Asamblea Legislativa a que, previo a legislar sobre esta materia, se identifiquen los estudios empíricos, de haberlos, que demuestren la incidencia de denunciar delitos sexuales ocurridos contra menores de edad cuando estos ya son adultos. Paralelamente, sería útil conocer a qué edad las víctimas de agresión sexual conyugal se encuentran preparadas para denunciar esos hechos”, sostiene la organización.

Igualmente, se dio paso, en votación unánime (24 votos) al Proyecto del Senado 635 que declara el 15 de marzo de cada año como el Día de la Recordación de las Víctimas del COVID-19. La pieza legislativa, de la senadora novoprogresista Wanda Soto Tolentino, busca recordar las víctimas fatales de la pandemia y concienciar a la ciudadanía sobre la importancia de la prevención de la enfermedad.

El Senado recesó sus trabajos hasta el lunes, 12 de septiembre.