El designado secretario de Seguridad Pública, Alexis Torres Ríos, se recortó el salario en $84,000 anuales, porque “entendía que esa cantidad no iba acorde con los planes personales míos y de trabajo”.

Según aceptó el funcionario, durante la vista de nombramiento que realizó el Senado, cuando llegó a la agencia en enero pasado se le informó que su salario sería $210,000 anuales. Sin embargo, decidió que esa cantidad no se ajustaba a la realidad fiscal y redujo la suma a $126,000 anuales.

A preguntas del expolicía y senador Gregorio Matías, Torres Ríos rechazó que el recorte de salario haya surgido por orden del gobernador Pedro Pierluisi.

La información del salario de Torres Ríos, quien fuera subdirector de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Interna del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE-HSI), salió a relucir cuando se evalúa su nombramiento como secretario del Departamento de Seguridad Pública.

Su presentación ante los senadores se da en medio de un proceso que ha lanzado para defender la sobrevivencia de la agencia, pues la Legislatura analiza la posibilidad de eliminarla o cambiar su configuración. De hecho, el presidente del Senado y presidente de la Comisión de Nombramientos de ese cuerpo, José Luis Dalmau, es uno de los que se ha expresado a favor de su desaparición.

Sin embargo, las preguntas a Torres Ríos estuvieron enfocadas en otros aspectos, que no estaban relacionados a los problemas que enfrenta Seguridad Pública desde su creación en el pasado cuatrienio.

Dalmau, de hecho, arrancó con una pregunta sobre las razones por las que el funcionario salió de su retiro.

Torres Ríos afirmó que “Dios, sobre todo, me puso en el corazón” que debía dar seguimiento a los planes que implementó en el ICE para atender delitos contra menores de edad y el tráfico ilegal de armas.

“Quería devolverle a mi Isla un poco de las experiencias vividas mías, de las personales, buscando cómo coordinar desde el Departamento de Seguridad Pública”, manifestó.

El funcionario aceptó que a su llegada a la agencia encontró “una serie de deficiencias”.

En un aparte con la prensa, Torres Ríos habló de problemas de comunicación con los alcaldes y un desfase en el trámite de compra.

“Cómo se ejecutaba unas órdenes de compra, pasaban por ciertas personas que no era necesario. El proceso era largo y tedioso y estamos tratando de minimizarlo”, comentó.

Insistió, ante los senadores, que “se puede enderezar el barco”. Por ello, pidió que no eliminaran a la agencia y señaló que está dispuestos a introducir cambios. No detalló ninguno, sin embargo.

Pese a las movidas que se dan en la Legislatura para evaluar la necesidad de mantener este Departamento, Dalmau aceptó que “creo que tiene los votos para ser confirmado”. Pero, no indicó cuando se llevaría a consideración su designación ante el hemiciclo del Senado. Solo adelantó que a finales de semana realizarían la vista para atender el nombramiento del comisionado del Negociado de la Policía, Antonio López.

Cabe destacar que alcaldes populares y novoprogresistas han escrito cartas de apoyo a favor de la confirmación del secretario de Seguridad Pública. De hecho, la alcalde de Loíza, Julia Nazario, y el presidente de la Federación de Alcaldes y líder de Guaynabo, Ángel Pérez, acudieron personalmente a la vista pública.

Altos oficiales de agencias estatales y federales también asistieron a la vista en apoyo a Torres Ríos. Uno de los que se destacó fue el agente a cargo del Negociado Federal de Investigaciones, Rafael Riviere.

Familiares de Ríos Torres, incluyendo su esposa Rebeca González, asistieron a la vista. Allí, el designado expuso que “me comprometo a seguir trabajando para transformar el departamento en uno ágil y eficiente, el cual garantice la comunicación y la interconexión de todos los componentes de seguridad pública en la Isla. Esto incluye cada uno de los Negociados que integran el Departamento de Seguridad Pública, tanto las agencias estatal como federales. Así lograremos maximizar los recursos existentes, trabajando en conjunto, y persiguiendo el mismo fin de establecer y mantener la seguridad de Puerto Rico”.

Otros de los que acudieron a la vista fueron los exsecretarios de Hacienda, Teresita Fuentes y Juan Carlos Puig.

Torres Ríos aceptó que estos funcionarios pudiesen ser contratados para laborar en Seguridad Pública.

Torres Ríos ocupó por cinco años la subdirección de las oficinas de HSI-ICE de Puerto Rico. Luego fue reasignado a las oficinas de la agencia en Washington D.C., donde supervisó ocho oficinas regionales en Canadá, México, Panamá, Colombia, Brasil, Argentina, Ecuador y el Caribe. Luego, fue trasladado a Miami, donde supervisó las operaciones de todo el Caribe excepto el área de Puerto Rico e Islas Vírgenes.