La discusión sobre la posible implementación del voto electrónico para los procesos electorales se reavivará mañana, lunes, durante la sesión ordinaria del Senado, cuando ese cuerpo tendrá ante su consideración la resolución 312, mediante la cual se ordenaría una investigación para determinar la viabilidad, planificación, funcionamiento y seguridad de ese sistema de votación.

"Cada vez son más los países que utilizan este método y Puerto Rico se ha quedado rezagado. Creo firmemente que es esencial para la democracia puertorriqueña que temprano, este cuatrienio, se implemente correctamente un sistema electrónico que brinde mayor transparencia a los procesos electorales de la Isla”, detalló el senador Ángel Rosa, autor de la medida.

“Me parece que hay un consenso en el País para que en las próximas elecciones tengamos listo el proceso de voto electrónico. La experiencia que tuvimos el año pasado nos sirvió de ejemplo para evidenciar la importancia de trabajar las cosas con tiempo", destacó en un comunicado de prensa.

Rosa señaló que el voto y escrutinio electrónico es un adelanto tecnológico que ya se usa en algunos estados de la unión americana y en otros países.

Explicó que de la forma que funciona ese sistema de escrutinio es que el elector pasa la o las papeletas por un lector óptico que procesa el voto de manera confidencial. Todas las papeletas emitidas se mantienen bajo seguridad, en caso de referencias o recuentos, según indicó.

Mañana, en la Cámara alta, igualmente, se discutirá un proyecto que le daría el poder al juez presidente del Tribunal Supremo de elegir a los jueces administradores de las distintas regiones judiciales, los jueces que atenderán los casos electorales, los de las salas especializadas de asesinatos, las secretarias regionales y los miembros de la comisión evaluadora de jueces y candidatos a jueces, entre otras cosas.

Actualmente, esos poderes recaen sobre el pleno del Tribunal Supremo, que en estos momentos tiene una mayoría de jueces nombrados bajo administraciones del Partido Nuevo Progresista (PNP), a pesar de que su presidente, Federico Hernández Denton, fue designado bajo una administración del Partido Popular Democrático (PPD).

En total, el proyecto 368 enmienda cuatro estatutos: al Ley para la Fiscalización del Financiamiento de las Campañas Políticas, el Código Electoral del Siglo 21, la Ley de la Judicatura y la Ley del Sistema de Evaluación de Jueces.

La medida, de la autoría del presidente del Senado, Eduardo Bhatia, estaba en el calendario de medidas a considerarse el pasado jueves, pero el liderato de ese cuerpo optó por dejarla pendiente para atender la medida que prohíbe el discrimen en el trabajo por orientación sexual y la legislación que contiene la llamada reforma legislativa. Ambos proyectos fueron aprobados ese día.

También, se debatirá el proyecto 637 de la Cámara de Representantes, a los fines de declarar reserva agrícola los terrenos comprendidos dentro de las fincas de la Estación Experimental Agrícola de la Universidad de Puerto Rico (UPR), ubicados en el municipio de Gurabo.

“No se puede incentivar ese sector económico si no se protegen los terrenos adecuados para una industria agrícola productiva y rentable”, señala la exposición de motivos de la medida.

“Resulta imprescindible para la sociedad puertorriqueña la protección de los

terrenos de valor agrícola de la Isla debido a la dramática pérdida de éstos por el desarrollo urbano desmedido. El proceso no planificado del desparrame urbano utiliza los terrenos de valor agrícola en detrimento de nuestra sustentabilidad agrícola y alimentaria”, añade el documento.

 Esta legislación fue aprobada en febrero por la Cámara de Representantes. De ser avalada mañana por el Senado, pasaría a La Fortaleza para la firma del gobernador Alejandro García Padilla.

Además, ese cuerpo también verá la resolución 314, con el propósito de ordenar a la comisión senatorial de Asuntos de la Mujer a investigar el funcionamiento y las condiciones de vida de las reclusas de la Cárcel de Mujeres de Vega Alta y de las féminas bajo custodia del Programa Tratamiento Residencial para Mujeres. El estudio debe abarcar la prestación de servicios de salud a dicha población.

El calendario del Senado para mañana incluye, igualmente, la continuación de las vistas de presupuesto para el próximo año fiscal.

Por otro lado, la Cámara de Representantes, en su sesión ordinaria, atenderá una medida para ordenar a la Comisión de Desarrollo Socioeconómico y Planificación un estudio sobre el diseño y aplicación de especificaciones en las subastas del gobierno y cómo las mismas afectan a las empresas que manufacturan sus productos en Puerto Rico. 

La exposición de motivos de la resolución 56 señala que en los procesos de subastas del gobierno “median diferentes consideraciones que muchas veces afectan el proceso de patrocinio de la industria local de bienes y servicios”.

Como ejemplo, menciona que el diseño de especificaciones y condiciones técnicas, dada su similitud con modelos o diseños de productos extranjeros, “impiden o dificultan la participación exitosa de licitadores locales en los procesos de subasta del gobierno”, lo cual provoca con frecuencia su descalificación, y en consecuencia, la pérdida de actividad económica con la salida de capital al exterior.

La Cámara baja, del mismo modo, considerará una legislación que tiene como fin ordenar a sus comisiones de Desarrollo Económico y Planificación y a la de Hacienda analizar cuáles fueron los criterios del Banco de Desarrollo Económico para determinar la cancelación del programa de estímulo empresarial “La llave para tu negocio”.

El estudio comprendería además, el efecto de la aplicación del programa hasta la fecha de cancelación, así como la viabilidad de la reactivación del mismo o algún programa similar.

“Dicho programa fue muy exitoso en su ejecución, y significó el recurso de salvación para muchos buenos puertorriqueños que tenían el empeño de trabajar por Puerto Rico”, destaca la medida.

Otra resolución a considerarse en la sesión de mañana es la 355, que ordenaría investigar la viabilidad económica de establecer el servicio de adquisición, uso y reparación de vehículos de la Policía, mediante el instrumento de “leasing” para evaluar las posibles ventajas de esta estructura en las finanzas, servicio y el desempeño de su flota.

El estudio estaría a cargo de las comisión de Seguridad Pública y para el Desarrollo de Iniciativas contra el Crimen y la Corrupción y la comisión de Gobierno de ese cuerpo.

Según expone la pieza legislativa, la Policía es responsable de administrar todos los asuntos relacionados del cuerpo, excepto aquellos que tienen que ver con las patrullas y vehículos de motor. En la actualidad, esa agencia paga a la Administración de Servicios Generales por todos los servicios realizados a sus patrullas o vehículos de motor.

“Esto crea una problemática en tiempo, dinero y espacio que le resta efectividad al servicio que se le ofrece a nuestra ciudadanía”, detalla la medida.

“Al facultar a la Policía de Puerto Rico a gestionar directamente los cambios de patrullas u otros vehículos de motor, mediante un “leasing”, resolveríamos la problemática de la espera en el proceso y dejaríamos de pagar por el trámite que se realiza con la Administración de Servicios Generales, lo que redundaría en ahorros sustanciales en el presupuesto de la agencia”, agrega.