“Esto es una tragedia para nuestro país”, reaccionó la exgobernadora popular Sila María Calderón al referirse a los escenarios de corrupción pública que magullan al gobierno, mayormente por figuras de poder.

En un escenario de igual reflexión, el exgobernador penepé Luis Fortuño reveló que durante su mandato recurrió al gobierno federal para realizar un “background check” a los miembros de su gabinete y jefes de agencias, lo que le dio pie a descartar a algunos candidatos y a evitar “este problemita (corrupción gubernamental) que nosotros no lo tuvimos”.

Las expresiones de ambos exmandatarios ocurrieron como parte del foro “De la ilusión al fraude-No a la corrupción” que efectuó el Colegio de Contadores Públicos Autorizados (CCPA) en el Popular Center, en Hato Rey, y que coincide con la ristra de arrestos de alcaldes y acusaciones que tocan de cerca tanto al gobernador Pedro Pierluisi y a la exgobernadora Wanda Vázquez, por aparentes ilegalidades ocurridas en sus respectivos esfuerzos de campaña. El recaudador Joseph Fuentes, amigo desde la juventud de Pierluisi, se declaró culpable el pasado 5 de mayo por idear un esquema para ocultar las identidades de personas que donaban a un Súper Comité de Acción Política que impulsó las aspiraciones del Primer Ejecutivo. Por su parte, la exgobernadora Vázquez adelantó la semana pasada que espera ser acusada próximamente por delitos vinculados a un presunto donativo ilegal emitido por el banquero venezolano, Julio Martín Herrera Velutini.

En un momento dado de la actividad de los CPA, el profesor de Administración Pública, Víctor Rivera, quien hizo un análisis de las ponencias de Calderón y Fortuño durante el foro, destacó que la presencia de ambos políticos respondía al hecho de que entre los pasados ocho gobernadores (en tres décadas), son estos los únicos dos cuyas administraciones no han enfrentado señalamientos de corrupción pública “a un alto nivel”.

Aunque ninguno hizo referencia a algún partido o político en particular, sí coincidieron en que una sociedad no puede funcionar de manera saludable o equitativa cuando hay funcionarios públicos enriqueciéndose en lugar de asumir sus cargos con integridad.

Por ejemplo, el exgobernador Fortuño, quien gobernó de 2009 a 2012, dijo sentir una gran preocupación cada vez que observa en los noticiarios o periódicos algún señalamiento ilícito contra algún servidor del gobierno.

“Nuestro pueblo es uno honesto, trabajador, noble y no merece esto... mi preocupación es cómo se socava la confianza del pueblo en nuestras instituciones. En el momento en que se acabe de socavar esa confianza, será terrible y nosotros no nos merecemos esto. Es importante que todos pongamos de nuestra parte y el sector privado tiene un rol clave e importante porque es importante entender que para bailar hacen falta dos. Lo importante es no estar disponible para ir a la pista de baile”, dijo Fortuño.

Para Luis Fortuño, se deben aunar esfuerzos entre los gobiernos estatales y federales, no solo para castigar cualquier acto ilícito, sino también para prevenirlo.
Para Luis Fortuño, se deben aunar esfuerzos entre los gobiernos estatales y federales, no solo para castigar cualquier acto ilícito, sino también para prevenirlo. (Suministrada)

Según dijo el militante del Partido Nuevo Progresista (PNP), los gobernantes tienen que tomar las medidas adecuadas, pero también está en cada persona asegurarse que llega al servicio público por las razones correctas.

En su alocución a los afiliados al colegio, les mencionó que, por ejemplo bajo su mandato, se creó la Oficina del Inspector General a fin de que auditores independientes en cada agencia pudieran referir algún hallazgo al Departamento de Justicia. Agregó que impulsó también, después de 15 años, la Nueva Ley de Ética Gubernamental (Ley 1 de 2012), la cual dijo estuvo inclinada, entre otras cosas, en la prevención, imposición de mayores sanciones y medidas claras contra el nepotismo. Otro punto que mencionó a su favor, fue las cumbres anuales Anti-Corrupción entre entidades estatales y federales y la ampliación en jurisdicción del Panel Fiscal Independiente.

En cambio, la revelación de la tarde, algo que insistió nunca había dicho públicamente luego de 10 años de haber culminado su mandato en Fortaleza, es que realizó un “background check” con las agencias federales a todos los candidatos que tenía para el gabinete o jefes de agencia que estuvieron bajo su consideración. Algunos, mencionó, no pasaron esa prueba y los descartó.

“Pudimos haber descartado muchas veces por duda, pero esas eran mis reglas: en las dudas, saluda. Y quizás fue injusto, quizás fui injusto con alguno, pero no tuve problemas...pueden estar de acuerdo o en desacuerdo con cosas que yo hice, pero este problemita (de corrupción gubernamental) nosotros no lo tuvimos”, explicó al hacer hincapié en que también se realizaban análisis de los candidatos a nivel estatal.

“Nunca lo había dicho, se están enterando hoy los exmiembros del gabinete de que así lo hacíamos”, expuso en referencia en que nunca se le comentó sobre esa acción o los hallazgos a ningún jefe de agencia. Agregó que otro aspecto que siempre consideró durante sus nombramientos fue la madurez: a su juicio una persona acabada de graduar de la universidad o sin la suficiente experiencia no debe asumir la responsabilidad de manejar una agencia en la que se trabaja con tantos millones de dólares.

De hecho, sugirió esta medida como una opción para los gobernantes. Expresó que se deben aunar esfuerzos entre los gobiernos estatales y federales, no solo para castigar cualquier acto ilícito, sino también para prevenirlo.

Otra idea que sugiere es crear un Sistema Confidencial para actos de corrupción en el que se garantice la protección de las fuentes. En este esfuerzo, señaló, también debe haber colaboración de las autoridades federales. Por último, aludió a que el gobierno debe simplificar los procesos de permisos. Insistió en que el rol del gobierno debe ser evitar que se recurra a facilitadores que busquen acortar esos procesos a través de actos anti-éticos o corruptos.

”No son fallas... ni asuntos que desvían la atención, se llama corrupción”

Por su parte la exgobernadora Sila María Calderón, quien llevó las riendas del país de 2001 a 2004, se mostró indignada con los abismales casos de corrupción que impactan a la isla.

“Esto es una tragedia para nuestro país y yo me alegro que este seminario se esté dando en este momento. Ojalá tenga alguna proyección pública porque es bien importante para nosotros que nuestro gobierno sea como somos nosotros los puertorriqueños, honestos”, manifestó la exmandataria del Partido Popular Democrático (PPD).

Entre las cosas que mencionó que, a su juicio, le permitieron mantener un gobierno limpio fue la rectitud y verticalidad que mostró con todo el gabinete, jefes de agencias y servidores públicos desde que puso un pie en el Palacio de Santa Catalina.

“Francamente, mi propia actitud. La fuerza y la estabilidad con que goberné y el hecho de que todas las personas que trabajaron conmigo, tanto en la alcaldía (fue alcaldesa de San Juan de 1997 al 2000), como en la gobernación, sabían que era una falta y fuera. No tuve una sola persona en la acaldía ni en la gobernación que fue acusada por actos de corrupción. Tenían bien claro el gobierno limpio, fue la razón por la que corrí y la razón por la cual todo se mantuvo bien limpio y honesto”, sostuvo en un aparte con los medios antes de empezar la actividad.

Subrayó que el mal uso de fondos públicos, el soborno y delitos de esta naturaleza, no son, como ha oído decir a algunas personas “fallas”, ni “faltas de confianza” a un mandatario.

“Menos aún son ‘asuntos que desvían la atención de los trabajos de gobierno’. Usar dineros gubernamentales para fines que no sean el bien común, o apropiarse de ellos, se llama corrupción y no hay otro nombre que darle. Es un robo de propiedad que le pertenece al pueblo. No se trata entonces de reclamar lealtad personal; se trata de exigir fidelidad a la ciudadanía. Es cuestión de ser absolutamente estricto con todos los funcionarios que deben estar meridianamente claros que es una falta y fuera”, puntualizó.

Agregó que el repudio total a la corrupción debe ser parte del diálogo dentro del gobierno, en los medios, en las universidades, en las escuelas y en las tertulias entre la ciudadanía.

“Es necesario que se levante un clamor unánime en contra de esta burla grotesca a la democracia. No sólo es denigrante de por sí, sino que no refleja a una población que se siente, y se quiere seguir sintiendo, profundamente orgullosa de su país. La honradez en el Servicio Público es el mayor tesoro que puede tener nuestra patria’, dijo al recordar que ya el pueblo se ha levantado de forma unánime, por ejemplo, para sacar a un gobernante. Esto en clara alusión a la renuncia de Ricardo Rosselló.

Calderón apuntó que no es sólo la quiebra lo que ha dado mal nombre a Puerto Rico, sino también la “corrupción rampante” en las Ramas Ejecutivas, Legislativa y alcaldías. “Y la reputación, muy bien ganada, de que nuestro gobierno no funciona. En otras palabras, que no puede, o no conoce, cómo rendir expeditamente los servicios que por ley tiene el deber de ofrecer”, agregó.

Por ejemplo, indicó que la isla tiene una puntuación baja a nivel mundial para facilitar hacer negocios. “Hay 64 países que promueven mucho mejor hacer negocio... y cuenten ustedes cuántos países hay”, aseveró.

Entre sus recomendaciones para fomentar un gobierno limpio, algo que enfatizó que no tiene que ver con el gobierno actual o alguna administración en particular, sino para todos los gobiernos, destacó que “el gobernante de turno debe proyectarse sumamente estricto con su administración y la consigna debe ser: ‘una falta y fuera’”.

Además, dijo que se deben sacar del servicio público aquellos que ostentan un cargo por razones políticas sin tener las destrezas para desempeñarse correctamente en sus deberes, pero explicó que esta acción requiere legislación.

En ese mismo punto enfatizó que se debe fomentar un estatuto “para sacar de puestos de carrera a aquellos que fueron traspasados de puestos de confianzas a dichas posiciones”.

Concretó que la campaña política de un candidato no tiene nada que ver con la gobernación. “Los empleados de campaña no deben ser recompensados con plazas de gobierno para las cuales no cualifican”, acotó.

De igual forma, sugirió poner controles a la Legislatura para los proyectos de ley que impulsen para controles internos en esa rama. “Esto no aguanta más”, dijo al ofrecer, posteriormente, otras recomendaciones.