Tarifa fija de luz y agua para residentes de vivienda pública

Nota de archivo: esta historia fue publicada hace más de 15 años.
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El gobernador Luis Fortuño anunció hoy que a los residentes de vivienda pública se les asignará un tarifa fija de energía eléctrica y agua a partir de la próxima factura de ambos servicios.
Según explicaron los directores ejecutivos de Autoridad de Energía Eléctrica y de Acueductos y Alcantarillados, Miguel Cordero y José Ortiz, respectivamente, la nueva factura no estará sujeta al consumo.
Las tarifas de energía eléctrica quedaron fijadas por el número de habitaciones.
Los apartamentos de una habitación pagarán $30 mensuales; los de dos y tres habitaciones $40 y los de cuatro y cinco habitaciones, $50.
Las tarifas de agua serán de entre $10 y $19.71, dependiendo del acceso a alcantarillado.
Además del pago fijo, el Gobierno le estáconcediendo a los residentes de los caseríos un plan de pago a razón de $10 mensuales, a fin de paliar la crisis de morosidad que aqueja a la AAA y a la AEE en los residenciales públicos.
Más del 50% de los usuarios de la energía eléctrica no pagan actualmente la energía y 47% de los usuarios de Acueductos y Alcantarillados tampoco, ésto debido a la crisis económica por la que atraviesa el país, y en el caso del agua debido también al aumento de hasta un 300% que sufrió ese servicio en 2005.
Estos residentes también perdieron su subsidio ese año.
"Usted se apunta o no se apunta en el plan de pago", dijo Fortuño, quien sostuvo que quienes se acojan a este programa evitarán que se les corte el servicio en cuestión. No arriesgarán tampoco su permanencia en el residencial ya que las autoridades federales ordenan el desahucio de los residentes que no estén al día en el pago de ambos servicios.
En cuanto a la posibilidad de que se dé un uso indiscriminado al servicio de energía y agua, el Gobernador dijo que la "gente los residenciales es gente buena y vana cumplir con sus obligaciones".
Cordero y Oritz indicaron que esperan un aumento en los recaudos debido al monto de la deuda que mantiene este sector pobre del país con las corporaciones públicas.