El presidente de la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito” Hernández Montañez, sostuvo hoy, domingo, que tras la aprobación del Plan de Ajuste de la Deuda (PAD), el gobierno no tiene excusas para no atender el reclamo de alza salarial que han levantado los empleados públicos.

A pesar de que reconoció que el gobierno no está boyante, el líder cameral insistió que tras pactado el acuerdo con los acreedores es meritorio que el gobierno inicie un proceso para conocer el panorama fiscal en el que queda cada entidad pública y determinar, entonces, cuánto dinero se puede distribuir para concederle justicia salarial a los trabajadores.

“El gobierno no tiene excusa para comenzar a evaluar la disponibilidad de fondos y recursos para mejorar los sueldos de empleados públicos”, afirmó Hernández Montañez. “Yo todavía no puedo entender cómo me pueden decir a mí que no se le pueden dar $1,000 más a los maestros, con los billones y billones de dólares que hay por los próximos cinco años para Educación”, agregó el líder legislativo.

En vías de realizar ese análisis fiscal y encaminar una justicia salarial, Hernández Montañez anunció -junto a un grupo de representantes del partido Popular Democrático (PPD)- la radicación de una resolución conjunta para exigirle a la Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos del Gobierno (OATRH) la publicación del Plan de Retribución y Clasificación Uniforme de los Empleados Públicos de la rama ejecutiva.

Este documento –que fue aprobado el pasado 27 de enero- permitiría conocer la situación real de los servidores públicos, ya que uniformó las escalas salariales de las clasificaciones y puestos dentro del gobierno. La segunda iniciativa va dirigida a ampliar los beneficios de la Ley 9-2021 para permitir que los sindicatos puedan negociar las cláusulas económicas con sus respectivas autoridades denominadoras.

Según Hernández Montañez hay corporaciones e instrumentalidades gubernamentales que no están descapitalizadas, lo que, a su juicio, permitiría iniciar proceso de negociación colectiva para alcanzar acuerdos “razonables” en beneficio de los trabajadores.

“Se acabaron las excusas de que la Junta (de Supervisión Fiscal) dice que no. Se acabaron las excusas de que no se puede. Por los próximos 20 a 30 años ya se sabe cuáles van a ser las obligaciones de gobierno de Puerto Rico”, expuso Hernández Montañez.

La Ley 9-2021 permitió la extensión de los convenios colectivos que vencían el 30 de junio de 2021 y la negociación de las cláusulas no económicas. Desde el 2009, estos acuerdos laborales han sido extendidos o congelados, por los que los trabajadores han visto mermar sus beneficios marginales, incluyendo las licencias por vacaciones o enfermedad. “Se les ha requerido a ellos que carguen con el peso mayor de las medidas de austeridad y rigurosidad fiscal”, argumentó el representante Domingo Torres, presidente de la Comisión de Asuntos Laborales de la Cámara.

Torres explicó que ambas medidas serán radicadas mañana, lunes. “La crisis económica que están enfrentando nuestros servidores públicos se ha vuelto insostenible y lo hemos podido ver en las pasadas semanas con el reclamo de cada uno de ellos...tenemos que buscar la manera que se les haga justicia para poder retener los profesionales que necesitamos”, expuso.