Federación de Alcaldes se unirá a pleito del gobierno contra la Junta

Por Maribel Hernández Pérez 07/11/2019 |02:18 p.m.
Carlos Molina, presidente de la Federación de Alcaldes. (Archivo)  
Los servicios esenciales se verían seriamente afectados con la derogación de la Ley 29.

El presidente de la Federación de Alcaldes de Puerto Rico, Carlos Molina, anunció hoy, jueves, que se unirán al pleito del estado contra la Junta de Supervisión Fiscal para evitar la derogación de la Ley 29-2019, que exonera a los municipios para aportar al plan de salud y a los sistemas de retiro mediante el método de PayGo (“Pay as You Go”) ante la consideración de la jueza encargada del caso de quiebra del Gobierno de Puerto Rico, Laura Taylor Swain.

La decisión fue tomada luego de una reunión extraordinaria en la que se determinó por unanimidad solicitarle a la jueza su incorporación al pleito como parte interventora y para ello serán representados por el bufete Aldarondo & López Bras. 

Durante la rueda de prensa se expuso que su función en el pleito sería la de presentarle a la jueza Swain que la anulación de la ley tendrá el efecto de empujar a la miseria a muchos municipios y sus ciudadanos.

Todavía la Asociación de Alcaldes no ha expresado si se unirían o no a ellos, respondió Molina.

“De lograr que prevalezca la Junta de Control Fiscal y esta ley no sea validada el efecto que tiene en los 78 municipios de Puerto Rico es que muchos municipios van a tener que cerrar operaciones, no van a poder dar los servicios que ofrecen, hay municipios en Puerto Rico que dependen del Fondo de Equiparación en un 92 por ciento, ¿qué quiere decir? Que no van a poder pagar su nómina”, advirtió Molina, que representa a 33 de los 78 municipios.

La medida ayuda al Fondo de Equiparación que se encuentra en peligro de desaparecer con la eliminación de los subsidios del estado a los municipios y tiene el fin de evitar que unos 40 pueblos pequeños y medianos cierren operaciones en los próximos cinco años.  

De su lado, el alcalde de Guaynabo, Ángel Pérez, explicó que los municipios intentarán “sensibilizar” a la jueza Swain el efecto real en los servicios en todos los pueblos de la isla. 

La derogación de la ley afectaría todos los servicios esenciales tales como los de salud, el recogido de basura, el mantenimiento de parques y áreas recreativas, el manejo de emergencias, las ayudas a personas de edad avanzada y de escasos recursos, la repavimentación de las carreteras, las construcciones de nueva infraestructura, la limpieza y ornato de los espacios públicos, servicios de transportación escolar e implicaría las cesantías de empleados municipales. 

Sobre la propuesta para la creación de los Condados, Molina, comentó que tendrían el efecto de crear una doble estructura y los ciudadanos tendrían que pagar más dinero en contribuciones para subvencionar la operación. 

De su lado, la alcaldesa de Ponce, María “Mayita” Meléndez estimó que de no prevalecer en el pleito tendría que ajustar su presupuesto en $20 millones afectando a la población más vulnerable. 

“Nosotros tendríamos que pagar aproximadamente 8 millones de dólares para el “PayGo”; 10 millones para ASES. Aun cuando pagamos alrededor de 3 millones de dólares anuales en un plan médico para los empleados. Nuestra nómina es de 2.5 millones de dólares mensuales. Así que tendríamos que despedir mínimo, unos mil empleados municipales afectando servicios como ornato, mantenimiento de facilidades, asfalto de carreteras, mantenimiento a carreteras estatales, mantenimiento a 400 facilidades deportivas, poda de árboles. ¿Quién va a realizar ese trabajo?”, manifestó Meléndez.

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