Representante rechaza que legisle a favor de su esposa

Por Frances Rosario / [email protected] 03/25/2019 |11:45 p.m.
La medida legislativa de Franqui Atiles está actualmente bajo el estudio de la Comisión de Educación de la Cámara de Representantes. ([email protected])  
Legislador PNP suministra prueba de documento legal para demostrarlo.

El representante Joel Franqui Atiles rechazó que su esposa, Irelis Pérez Cintrón, vaya a beneficiarse de una medida legislativa que radicó para establecer como política pública el requerimiento de pruebas psicológicas cada tres años a los estudiantes de grados primarios y secundarios.

Lo hizo al presentar una resolución corporativa que firmó Pérez Cintrón como presidenta de la corporación Learn & Grow Therapy Group, en la que establece que “la compañía no efectuará evaluaciones psicológicas con el propósito de que el padre o madre o tutor del menor obtenga una certificación con los fines de matricularlo en la escuela”. 

“El proyecto de la Cámara 1973 pretende establecer como política pública del gobierno de Puerto Rico la obligatoriedad de pruebas psicológicas cada tres años a los estudiantes de grados primarios y secundarios; establecer como requisito para ser admitido o matriculado en una escuela pública o privada la presentación de un certificado de prueba psicológica vigente. A esos efectos, se dispone que de convertirse en ley dicha medida, Learn & Grow Therapy Group LLC no ofrecerá este tipo de servicios. Disponiéndose, sin embargo, que el servicio únicamente podrá ofrecerse gratuitamente para el beneficio de los menores”, concluye la resolución corporativa firmada el pasado 12 de febrero. 

Cabe destacar que la legislación fue sometida por Franqui Atiles, del Partido Nuevo Progresista (PNP), el mismo día cuando su esposa sometió dicha resolución corporativa, pero no la había dado a conocer hasta que Primera Hora lo cuestionó sobre el posible conflicto de interés. 

“Hay proyectos, como el de la Reforma Contributiva, que le benefician más que este”, acotó el representante de Camuy, Hatillo y Quebradillas, así como el presidente de la comisión cameral de Agricultura, Recursos Naturales y Asuntos Ambientales. 

Learn & Grow Therapy Group, que tiene oficinas en Manatí, Barceloneta, Hatillo, Camuy y Vega Baja, ofrece desde el 2005 servicios de evaluación y terapias ocupacionales, del habla, físicas y psicológicas a través de la Reforma Vital, planes médicos y remedio provisional, según sus promociones en las redes sociales. 

Actualmente, la compañía no tiene contratos activos con el Gobierno, excepto a que recibe pagos del Departamento de Educación a través de remedio provisional del programa de Educación Especial. 

Este servicio lo busca el padre del menor, porque posiblemente no está disponible a través de la agencia. 

Franqui Atiles alegó que este servicio representa menos de 1% del ingreso total de la corporación y que ya para el verano sería eliminado totalmente. 

Aludió a que su esposa, quien es terapista del habla, comenzó a deshacerse de los contratos con el Gobierno previo al 2017, cuando contrajeron nupcias. 

“Estamos casados con capitulaciones. Pero ella, por evitar politiquería y porque ella decidió hacerme caso y cumplir nuestros sueños, yo de político y ella de empresaria, dejó todos los contratos”, indicó el legislador PNP. 

Agregó que Pérez Cintrón tuvo sus “contratos más grandes con el gobierno bajo Aníbal Acevedo Vilá y (Alejandro) García Padilla, que eran del PPD” (Partido Popular Democrático). 

“No puedo pedirle que cierre el negocio porque ella es una emprendedora”, continúo Franqui Atiles. 

Por otro lado, el legislador explicó que el proyecto no surgió por una sugerencia o experiencia vivida a través de su esposa, sino por la petición de una estudiante de psicología clínica de que “se debía tratar la salud mental como se tratan los dentistas, porque hay muchos jóvenes que se están suicidando”. 

Según aprobó la Legislatura el pasado año, las escuelas están obligadas a solicitar certificados de salud oral a los estudiantes de kinder, segundo, cuarto, sexto, octavo y décimo grado.

La medida legislativa de Franqui Atiles está actualmente bajo el estudio de la Comisión de Educación de la Cámara de Representantes. 


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