Su caso es el reflejo de la impotencia que sienten las más de 1,500 familias yabucoeñas que lo perdieron todo con los monstruosos vientos y torrenciales lluvias provocadas por el ciclón aquel 20 de septiembre y que, cinco meses después, suman a su calvario la odisea de no tener servicio de energía eléctrica y pocos recursos para recuperarse.

“Ha sido bien difícil. Me he sentido horrible. Pienso cómo era mi casa y cómo era mi vida antes y no es fácil… hubo días que me sentí bien sola y con miedo. Principalmente en las noches a oscuras, sin techo y con una coladera de agua por todas partes”, dice quien perdió su casita ubicada en el sector Vieques de Limones, en el barrio Martorell de Yabucoa, la comunidad más afectada por el huracán en este pueblo costero.

Ante las circunstancias, doña Ramona vive en la casa de su hermana, una estructura que también quedó sin techo y que es cubierta por un toldo que personal de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) colocó hace menos de un mes. Uno de sus hijos, Alexander, llegó hace un par de semanas para ayudarla a rehabilitar su casita con $8,000 que le otorgó FEMA para cubrir los materiales de construcción y los enseres básicos del hogar.

“Estoy estirando el peso a ver si me da aunque sea para levantar la casa en bloques y ponerle un techo de zinc”, cuenta la mujer al agregar que se siente “frustrada”, pues la ayuda llegó “muy tarde”.

Una historia similar se percibe en el hogar de Roselis Díaz, una madre soltera que vio desvanecer con el huracán la residencia donde vive con su hijo Sebastián, un niño de ocho años con Síndrome Down.

“Estaba todo destrozado”, dice Díaz que recibió recientemente de FEMA $5,000 para gastos de reconstrucción, muebles y enseres. “Creo que los chavos no me van a dar… ahora mismo me falta la cama mía y la del nene. Es que las cosas están bien caras”, cuenta.

Precisamente, Yabucoa fue el primer pueblo en sentir la furia del huracán María, cuyos vientos de 155 millas por hora destruyeron todo a su paso. Además de dejar en el esqueleto a cientos de casas, el ciclón hizo colapsar decenas de negocios y estructuras municipales, como la Casa Alcaldía, el Cuartel de la Policía, el parque de pelota y casa del equipo de Doble A “Los Azucareros”, y el Centro de Diagnóstico y Tratamiento, entre otros.

“Preliminarmente, estimamos los daños en $100 millones. Pero pudieran ser más por este asunto de la falta de electricidad”, dice el alcalde Rafael Surillo.

Surillo ha sido vocal en denunciar públicamente la lentitud y burocracia de las autoridades para atender la emergencia de su municipio, particularmente el restablecimiento del servicio de energía eléctrica. Actualmente, Yabucoa sólo tiene un 18% del pueblo energizado, situación que por un lado mantiene en jaque los abastos de agua potable, pues el pueblo cuenta con 27 generadores conectados a estaciones de bombeo para dar el servicio; y por el otro lado tiene agonizando a los comercios, que subsisten con plantas más pequeñas.

En un recorrido, Primera Hora observó múltiples negocios cerrados, entre éstos el establecimiento AutoZone, un garaje y las tiendas de ropa de mujer Rainbow y Kress.

“Mi preocupación es el efecto que todo esto tendrá en la economía de ahora en adelante. Tengo una compañía que llevaba 38 años en Yabucoa y cerró… la Dooney & Bourke, que es la que hacía carteras cachendosas. Esa compañía sufrió un golpe fuerte con el huracán y ahora nos deja con 70 desempleados”, lamentó Surillo.

“Pero, ¿hasta cuándo va a ocurrir todo esto?”, se pregunta en un afán por encontrar respuesta a algo que parece impredecible en un camino que luce largo y tendido.

Y el panorama se complica pues, según Surillo, a la crisis provocada por el huracán se suma la catástrofe de la reducción de presupuesto.

“Escucho al gobernador (Ricardo Rosselló) hablar de vales educativos y de aumentos a maestros y, oye, ¡nos están quitando $350 millones a los municipios. Mi municipio pudiera ser que para el próximo presupuesto desaparezca y no tenga el dinero para administrarlo”, advirtió.

Dijo que el presupuesto del año fiscal en curso (que culmina en junio) es de $16 millones, pero se redujo a $13 por los ajustes que ha hecho el Gobierno central y que incluye bajas en las partidas de remesa que reciben los alcaldes por concepto del Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM).

“Y dicen que en junio me van a quitar otros $6 millones... si es así, me quedo con $8 millones y eso será doloroso para un municipio que está en reconstrucción”, dijo.

¿Cuál sería el panorama?

“Bien malo... tendríamos que reducir jornada y despedir empleados”, advirtió al agregar que actualmente se destinan $400 mil quincenal para la nómina de 350 empleados permanentes y temporeros.