Un periódico británico publicó el domingo más despachos internos del embajador británico en Washington, pese a las advertencias de la policía sobre que hacerlo podría ser ilegal.

En un documento publicado por el Mail on Sunday, el entonces embajador británico en Estados Unidos, Kim Darroch, dijo que el presidente, Donald Trump, había retirado a su país de un acuerdo nuclear con Irán en un acto de “vandalismo diplomático” en una afrenta deliberada hacia su predecesor, Barack Obama.

El comunicado interno se escribió después de que el entonces secretario de Exteriores, Boris Johnson, visitara Washington en un intento fallido de convencer a Estados Unidos de que no abandonara el pacto nuclear con Irán.

“El resultado ilustró la paradoja de esta Casa Blanca: tienes un acceso excepcional, ves a todo el mundo salvo al presidente, pero en lo importante, el gobierno se ha decidido a un acto de vandalismo diplomático, al parecer por motivos ideológicos y de personalidad: era el acuerdo de Obama”, escribió Darroch.

Darroch renunció al cargo la semana pasada después de que el periódico publicara despachos internos en los que tachaba al gobierno de Trump de disfuncional e inepto. La Casa Blanca respondió negándose a tratar con el diplomático, y Trump calificó al embajador de “tonto pomposo” en una diatriba en Twitter.

La policía británica buscaba a los responsables de la filtración y emitió una polémica advertencia a los periodistas sobre que publicar los documentos “también podría suponer un delito penal”.

Tanto Johnson como Jeremy Hunt, que compiten por convertirse en el próximo primer ministro británico, defendieron el derecho de los medios a publicar la información.

“Queremos asegurarnos de que defendemos el derecho de los periodistas a publicar filtraciones cuando son de interés nacional”, dijo Hunt.

Las autoridades británicas dijeron que no había pruebas de que los documentos se hubieran filtrado en un ataque informático, y que probablemente el culpable era un político o funcionario en Londres.

La policía investigaba la filtración como una posible violación de la Ley de Secretos Oficiales, que prohíbe a los funcionarios hacer revelaciones “dañinas” de material clasificado. Incumplir la ley puede conllevar una pena máxima de dos años de prisión, aunque las condenas son poco habituales.