La policía brasileña detuvo ayer a 15 personas, con lo que la cifra de presos en el noreste de Brasil, tras una nueva ola de ataques criminales que desde el sábado mantienen en jaque al estado de Ceará, llegó a 55.

En los últimos días, el gobierno de Ceará ha registrado 59 episodios de quema de autobuses y otros vehículos, ataques a puestos de gasolina y edificios públicos. Las autoridades consideran que esta serie de ataques criminales está alentada por una facción criminal local, como respuesta a planes oficiales para “endurecer” la política carcelaria.

André Costa, secretario de Seguridad estatal, dijo en una entrevista con el sitio G1 que los ataques están motivados por el corte de “beneficios” en las cárceles. De acuerdo con el funcionario, fueron limitadas las visitas a internos y fueron requisados cerca de seis mil teléfonos celulares que habían ingresado ilegalmente.

“No vamos a volver atrás. Están perdiendo el tiempo, no sirve nada de lo que están haciendo (los criminales)”, dijo Costa.

Esta madrugada, la policía frustró un intento de incendio en un puesto de combustible en Fortaleza, capital del estado, y detuvo a ocho sospechosos, según confirmaron las autoridades a The Associated Press. Los investigadores creen que el mismo grupo pudo haber provocado el incendio de una concesionaria de autos de lujo el martes.

Para intentar aplacar el conflicto y desarticular los ataques, el gobierno ha reforzado el patrullamiento en las calles y el transporte público circula con custodia policial.

Además, anoche, las autoridades dispusieron el traslado de 257 presos ligados a una facción criminal local, que presuntamente está causando los ataques.

“Aislamos a los internos que pertenecen a ese grupo para imposibilitarles cualquier comunicación con el mundo exterior”, dijo Mauro Albuquerque, secretario de Administración Penitenciaria de Ceará.

El Ministerio de Justicia, que preside Sergio Moro, concedió vacantes en el sistema Penitenciario Federal para recibir parte de los presos. Alegando “razones de seguridad”, no fue informado el destino final de los reclusos trasladados ni la cantidad que pasó al sistema federal.

La violencia es uno de los mayores problemas que aqueja a Ceará. Con una tasa de 60 muertos por cada 100 mil habitantes, es el tercer estado con mayor número homicidios del país por detrás de Acre, con 62, y Río grande del Norte, con 63, según datos del Atlas de la Violencia.

En enero de este año, un similar espiral de violencia se extendió por más de 20 días y tuvo como blanco bancos, edificios públicos y vehículos. Funcionarios del gobierno local apuntaron que también se trataba a un endurecimiento de la política carcelaria.