San Juan.- El número de estudiantes de educación especial en Puerto Rico se ha cuadruplicado en la última década, lo que ha forzado al Departamento de Educación (DE) a investigar las causas y diseñar una política pública específica para estos niños.

Y es que según dijo hoy a Efe la presidenta de la Comisión de Educación, Formación y Desarrollo del Individuo del Senado, María Teresa González López, en el 2004 el DE tenía registrados a 40,609 estudiantes bajo su Programa de Educación Especial, pero las estadísticas del 2014 se dispararon a exactamente 156,989 alumnos.

"Estas cifras son alarmantes. El 40 % de la población en el país tiene integrantes matriculados como de educación especial", detalló González, legisladora del gobernante Partido Popular Democrático y quien por primera vez dirige la Comisión de Educación, Formación y Desarrollo del Individuo del Senado.

González López detalló que uno de los principales causantes de ese drástico incremento es el hecho de que las evaluaciones que se llevan a cabo para determinar si los niños necesitan una educación especial están mal aplicadas.

Además, "el DE tiene que fortalecer a los maestros porque no tienen el conocimiento. Tiene que haber una educación continua necesaria, pues hay estudiantes en desventaja académica frente otros y hay que buscar esa equidad", indicó.

La legisladora agregó que "debido a la burocracia administrativa y operacional en el DE, nunca ha habido una política pública eficiente" para que las estadísticas no sean tan "desmedidas" y no aumenten año tras año.

La Ley 51 en Puerto Rico establece que las escuelas provean servicios de educación especial a estudiantes con impedimentos entre los 3 y los 21 años de edad, conforme a la Ley para la Educación de Individuos con Discapacidades (IDEA, por su sigla en inglés), que cubre 13 condiciones diferentes.

Sin embargo, no todos los estudiantes con dificultades de aprendizaje o de atención califican. Una de las condiciones es discapacidad de aprendizaje específica, que es aquella que afecta a la habilidad del estudiante para leer, escribir, escuchar, hablar, razonar o usar las matemáticas, lo que incluye a los disléxicos.

Otra condición es que el alumno sufra de otro impedimento de salud, o sea, que limite la fortaleza, la energía o el estado de alerta del estudiante, lo que incluye a los niños con trastorno por déficit de atención con hiperactividad, mejor conocido como TDAH.

Los trastornos de espectro autista, emocional -ansiedad, esquizofrenia, bipolaridad, obsesivo-compulsivo y depresión-, del habla (incluido el tardamudeo) y visual también pueden hacer que un niño sea considerado de educación especial.

Asimismo, la sordera, el impedimento auditivo (que es un tipo de pérdida de audición que puede cambiar o fluctuar con el tiempo), la sordoceguera, que es una condición que sufren los niños cuya comunicación y otras necesidades son tan graves que los programas para sordos o ciegos no satisfacen sus necesidades.

El resto de los requisitos para que cualquier menor sea considerado de educación especial es que tenga algún impedimento ortopédico, alguna discapacidad intelectual, haya sufrido de alguna lesión cerebral traumática o tenga discapacidades múltiples.

A los miles de estudiantes que están bajo el Programa de Educación Especial se les conceden unos servicios especiales, como educación física adaptada, terapia ocupacional y psicológica y transporte, dependiendo de sus necesidades.

La legisladora González dijo que en enero próximo el Senado arrancará una serie de vistas públicas para regular los fondos asignados al DE para el servicio para los estudiantes de educación especial en la isla.

Según los datos más recientes revelados por la UNESCO en el año fiscal 2012-2013, el Gobierno de Puerto Rico invirtió el 6,4 % de su PIB en educación. Esto incluye tanto la inversión de fondos públicos estatales o locales como la de fondos públicos federales para todos los niveles educativos.

De un total de 186 países y territorios, Puerto Rico ocupó la posición número 29 en la lista de los que más invirtieron en educación en relación a su PIB.

De otro lado, la inversión por estudiante de Puerto Rico en el año fiscal 2012-13 fue de un promedio de 5.579 dólares en fondos públicos en el nivel de educación básica -primer grado hasta duodécimo grado-, mientras que en el nivel universitario fue de 10.345 dólares.