Organizaciones de la sociedad civil guatemalteca acusaron este miércoles al Gobierno de retirar un altar en la Plaza de la Constitución en honor a las 41 niñas muertas en un fuego en un hogar estatal en 2017. 

 Varias organizaciones de mujeres, presentes en el Parque Central donde estaban instaladas 41 cruces en recuerdo de las 41 niñas muertas en el Hogar Seguro Virgen de la Asociación el 8 de marzo de 2017, denunciaron que las autoridades quitaron este emblema. 

 En las redes sociales empezó a circular una misiva, con el sello del Gobierno de Guatemala y de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres, en la que después de un "evaluación" al monumento conmemorativo en memoria de las pequeñas se pidió tomar acciones por su peligro. 

 Esto al observar que las cruces metálicas que lo constituían "pueden representar un riesgo a las personas que transita por dicha área, así como al momento de ser utilizado dicho espacio para actividades masivas". 

 Este oficio, que tiene fecha del 11 de septiembre y cuya autenticidad fue confirmada a EFE por el portavoz de la entidad, recomienda a la Municipalidad, en coordinación con el Ministerio de Cultura y Transporte, "realizar las gestiones y acciones que consideren pertinente" para "reducir o eliminar la condición de riesgo identificada". 

 Máxime cuando en estas fechas, que Guatemala conmemora el 198 aniversario de la independencia de la corona española, se realizan "eventos masivos que podrían desencadenar en daño a las personas que hacen uso de dicho espacio". 

 Esta carta está firmada por una técnica de análisis de vulnerabilidad estructural de la entidad de protección civil, identificada como Massiel Rodríguez, y el encargado del departamento de obras de infraestructura de la institución, Ezequiel Navarro.

 El portavoz de la Coordinadora, David de León, aseguró a EFE que en ningún momento pidieron "que se retire el monumento" compuestos las cruces, y que "una medida de precaución para que las personas no se acercarán podría haber sido suficiente". 

 Por su parte, la Procuraduría de Derechos Humanos indicó que delegados de la entidad verifican la situación en el parque donde fue retirado el altar y que además analizan "supuestas restricciones a la labor periodística en el área". 

 El 8 de marzo de 2017, 41 niñas murieron calcinadas encerradas en un aula pequeña bajo llave, donde originaron un incendio para protestar por las constantes violaciones físicas y psicológicas de las que fueron víctimas. 

 Además de las 41 niñas fallecidas, la tragedia dejó a 15 heridas. Todas, las 56, habían sido encerradas bajo llave en un aula de unos 46 metros cuadrados donde originaron un incendio en la mañana del 8 de marzo para que las autoridades y policías, que las habían metido allí, les permitieran salir al baño luego de estar toda la noche prisioneras. 

 Sin embargo, la Fiscalía asegura que la subinspectora de la Policía, Lucinda Marroquín, mantuvo la llave del candado de la puerta en el cinturón durante 9 minutos sin abrir, mientras el fuego y el humo causaban la muerte y herían a las menores. 

 El día anterior, el 7 de marzo de 2017, un grupo de adolescentes (56 niñas y 43 niños) había intentado escapar del Hogar Seguro para denunciar violaciones a sus derechos, pero fueron recapturados y concentrados frente al portón del centro de acogida, que se encuentra a 22 kilómetros de la capital, en el municipio metropolitano de San José Pinula. 

 Por este caso hay al menos unas 8 personas que deberán enfrentar un juicio por diversos delitos como homicidio culposo, lesiones culposas, maltrato contra personas menores de edad, abuso de autoridad e incumplimiento de deberes.