Tel Aviv, Israel. Las facciones políticas israelíes opuestas al asediado primer ministro Benjamin Netanyahu empezaron a formar equipos de negociación el martes después de que el mandatario paralizara una controvertida reforma judicial que había provocado protestas callejeras sin precedentes y una creciente crisis interna.

Pero el compromiso parecía esquivo y persistían las diferencias sobre la cuestión fundamental de qué clase de país debe ser Israel, unas posiciones que no parecían más que enquistarse. Las protestas contra la reforma registradas durante los últimos tres meses se intensificaron esta semana y la principal agrupación sindical declaró una huelga general que provocó el caos, cerró gran parte del país y amenazó con paralizar la economía.

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En un discurso el lunes por la noche en horario de máxima audiencia, Netanyahu reconoció las divisiones en el país y anunció que demoraría la legislación un mes.

Estados Unidos celebró la decisión y el enviado estadounidense a Israel, Tom Nides, dijo el martes a la radio del ejército que Netanyahu sería invitado “pronto” a visitar al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, en Washington.

Dijo que quería “evitar una guerra civil” y que buscaría un compromiso con sus rivales políticos. Miles de personas se habían manifestado ese día ante el edificio del parlamento en Jerusalén.

Su anuncio pareció calmar parte de la tensión que ha avivado meses de protestas. Pero no abordó los problemas de base que han polarizado a los israelíes. Netanyahu lidera el gobierno más conservador en la historia de Israel, y sus aliados han prometido aprobar la legislación.

“Siento alivio, pero con dudas”, dijo el martes Fega Gutman, residente en Tel Aviv. Netanyahu, el líder israelí que más tiempo ha gobernado, “nos prometió mucho pero no siempre cumplió, por desgracia”.

El aplazamiento dio tiempo a muchos israelíes para considerar los desafíos por delante.

“Hoy me siento bien, todo se calmó desde ayer”, dijo Maor Daniel, también de Tel Aviv. “Debemos descubrir juntos cómo arreglar la situación, cómo vivir juntos”.

Tras el mensaje del mandatario se produjo un frenesí de llamadas entre líderes opositores que duró hasta el martes por la mañana. Se nombraron varios equipos de trabajo conforme remitían las protestas, y el mayor grupo sindical de Israel canceló su huelga general.

“Cuando hay una oportunidad de evitar una guerra civil mediante el diálogo, yo, como primer ministro, me tomo una pausa para dialogar”, dijo Netanyahu. Prometió alcanzar un “amplio consenso” durante el periodo de sesiones del Parlamento que comienza el 30 de abril.

El presidente del país, Isaac Herzog, que ejerce un papel ceremonial, dijo que detener la tramitación de la reforma era “lo correcto” y se ofreció a supervisar las negociaciones. Mantuvo conversaciones telefónicas por separado con Netanyahu, el líder opositor Yair Lapid y el presidente del Partido Unión Nacional, Benny Gantz, indicó su oficina.

“Este es el momento de una conversación sincera, seria y responsable que llevará urgentemente a calmar los ánimos y reducir las llamas”, dijo Herzog.

El ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, un ultranacionalista que ha presionado para que el paquete se apruebe con premura, dijo que la reforma “se aprobará”, aunque respetaría el aplazamiento. “Nadie nos asustará”, tuiteó.

Los críticos afirman que la reforma dañaría el sistema de garantías y equilibrios del país. Los manifestantes prometieron aumentar sus protestas.

La reforma daría a Netanyahu, que está inmerso en un juicio por cargos de corrupción, y sus aliados la última palabra en el nombramiento de jueces. También otorgaría al parlamento, controlado por sus aliados, autoridad para revocar decisiones de la Corte Suprema y limitaría la capacidad de la corte de revisar leyes.

Netanyahu afirma que la reforma hace falta para poner freno a una corte progresista y demasiado intervencionista de jueces no electos. Pero sus rivales dicen que el plan concentraría demasiado poder en manos de los aliados de Netanyahu. También señalan que tiene un conflicto de interés como acusado en un proceso penal.

Gran parte de la sociedad israelí y gobiernos de todo el mundo condenaron los planes. Líderes empresariales, economistas destacados y exjefes de seguridad se han posicionado contra el proyecto, y afirman que empujaría al país hacia una autocracia. Pilotos de cazas y reservistas militares han amenazado con no presentarse en sus puestos y la cotización de la moneda del país, el shekel, se ha hundido.