China presentó el lunes una reclamación ante la OMC por la última ronda de aranceles estadounidenses sobre productos chinos. 

El gobierno chino solicitó de manera formal la celebración de “consultas” sobre diferencias con Estados Unidos por la decisión de la semana pasada del gobierno del presidente Donald Trump de imponer aranceles a 16.000 millones de dólares en productos chinos. China respondió con gravámenes similares a productos estadounidenses. 

La petición ante la OMC da pie a un periodo de 60 días para que los dos países negocien. 

China ya sostiene reuniones con Estados Unidos por los aranceles a productos de acero y aluminio chinos y por unas supuestas transgresiones chinas a las protecciones de la propiedad intelectual de Estados Unidos. 

En tanto, el gobierno estadounidense prepara aranceles sobre otros 200.000 millones de dólares en productos chinos. Beijing ha prometido aranceles en represalia sobre productos estadounidenses por un valor de 60.000 millones de dólares. 

Por otra parte, el embajador de Estados Unidos ante la OMC, Dennis Shea, dijo a un organismo de la OMC que su país no respaldaría la renovación del nombramiento de Shree Baboo Chekitan Servansing como miembro del órgano de apelación de la OMC, de acuerdo con una transcripción de sus comentarios vertidos en la sesión a puerta cerrada. 

El órgano se reduciría a tres miembros cuando el mandato de Servansing expire el 30 de septiembre. Tres es el número mínimo de miembros para que el órgano se pronuncie sobre los casos. 

Los críticos dijeron que Estados Unidos trata de asfixiar al órgano de apelación. La próxima expiración del mandato de un miembro está prevista para diciembre del próximo año, y el órgano se volvería inoperable si no se llevan a cabo nuevas designaciones o renovaciones de nombramientos antes de esa fecha. 

Shea dijo que Estados Unidos cree desde hace tiempo que el órgano de apelación ha operado por encima de los términos de su autoridad original y criticó la “persistente extralimitación” de sus decisiones sobre cuestiones como subsidios y medidas antidumping, así como por “restringir la capacidad de Estados Unidos para regular para beneficio público o para proteger a los trabajadores y empresas estadounidenses contra las prácticas comerciales injustas”. 

Agregó que las preocupaciones de Estados Unidos sobre el órgano de apelación no han sido abordadas.