El gobierno español prepara un paquete de medidas económicas de emergencia valorado en 6,000 millones de euros (6,600 millones de dólares) en ayudas directas y exenciones fiscales y 10,000 millones de euros (11,000 millones de dólares) en préstamos para familias y negocios afectados por las consecuencias de la invasión rusa en Ucrania, indicó el lunes el presidente del gobierno, Pedro Sánchez.

El objetivo del plan de emergencia es proteger el empleo y el crecimiento económico, indicó Sánchez en un discurso ante una conferencia de negocios en Madrid. El programa se presentará el martes tras la reunión semanal del gabinete.

“El plan de choque de respuesta a la guerra (en Ucrania) son un conjunto de medidas que van a servir para proteger a los sectores, a los ciudadanos más afectados”, dijo Sánchez.

Como otros países europeos, España se ha visto golpeada por la brusca subida de los precios de la energía, que ha causado problemas a hogares y negocios para pagar las facturas de la luz. Desde que Rusia invadió Ucrania el mes pasado, el precio del petróleo se ha disparado y los sectores agrícola y de transportes españoles han exigido ayuda con los precios de la gasolina.

Conforme la guerra empeoraba la crisis energética en Europa, muchos otros países han aprobado paquetes de ayudas.

Los 27 líderes de la UE alcanzaron el pasado viernes un compromiso sobre la energía que incluía una dispensa especial para España y Portugal porque han sufrido aumentos de precio excepcionales.

Sánchez dijo que su gobierno de centroizquierda, liderado por el Partido Socialista (PSOE), tomará “medidas excepcionales y limitadas en el tiempo” que incluirían límites de precio al gas natural y conseguirán “rebajar significativamente los precios de la electricidad de forma inmediata”.

Las medidas, que se mantendrían hasta el 30 de junio, serán revisadas por autoridades de la Unión Europea antes de entrar en vigencia para garantizar que no suponen una ventaja injusta.

Entre otras medidas, el gobierno proporcionará un descuento general de 0.20 euros (0.22 dólares) por litro de combustible, que el gobierno asumiría en tres cuartas partes y las compañías proveedoras en un cuarto, indicó Sánchez al adelantar el plan.

También se ha previsto hacer cambios en las leyes laborales que permitirían a las empresas ser más flexibles en su respuesta a las complicaciones por el precio de la energía y evitar despidos.

Para los hogares, durante los próximos tres meses, las subidas en el arrendamiento de viviendas se verán limitados a un máximo del 2%.

Además, la cuantía del Ingreso Mínimo Vital, que reciben personas en riesgo de pobreza y exclusión social, aumentará en un 15% los tres próximos meses. Más hogares tendrán acceso a precios subvencionados de electricidad, lo que añadiría otros 600,000 a los dos millones que ya reciben esa protección.