Más de un centenar de organizaciones de América Latina y el mundo y familiares de las 41 niñas quemadas en un hogar estatal de Guatemala hace más de dos años exigieron este lunes justicia para sus pequeñas y no revictimizar a las víctimas durante el proceso. 

En vísperas de que comience el juicio por esta causa que conmocionó al país el 8 de marzo de 2017, las madres y entidades exigieron a las autoridades que garanticen la integridad y la seguridad de las víctimas y testigos ante "amenazas, actos de hostigamiento, intimidación y difamación". 

También pidieron aplicar los estándares internacionales de derechos humanos y las recomendaciones de organismos internacionales especializados en el proceso de investigación y enjuiciamiento del caso para no vulnerar los derechos y unificar sus declaraciones en una sola para no "revictimizar" a las pequeñas obligándolas a dar varios testimonios. 

En este mismo sentido, demandaron al sistema judicial que esclarezca los hechos y determine responsabilidades penales, que se nombre a un único juez para conocer este caso de "gravedad" y de "trascendencia jurídica y social" y garantizar la apertura en el proceso, sin retrasos maliciosos. 

"Urgimos al sistema de procuración e impartición de justicia de Guatemala apegarse a la debida diligencia en los procedimientos abiertos y garantizar condiciones plenas de acceso a la Justicia, esclarecimiento de los hechos, sanción a los responsables y reparación de los daños", agregaron. 

Este martes 22 de octubre arrancan las audiencias preparatorias del juicio para determinar la responsabilidad penal de tres altos funcionarios en el caso "Hogar Seguro", tiempo en el que las familias y el más de un centenar de organizaciones han aprovechado para exigir justicia para uno de los casos "más graves de violaciones a los derechos humanos cometidos contra niños y adolescentes en América Latina". 

El 8 de marzo de 2017, 41 niñas murieron calcinadas encerradas en un aula pequeña bajo llave, donde originaron un incendio para protestar por las constantes violaciones físicas y psicológicas de las que fueron víctimas. 

Además de las 41 niñas fallecidas, la tragedia dejó a 15 heridas. Todas, las 56, habían sido encerradas bajo llave en un aula de unos 46 metros cuadrados donde originaron un incendio en la mañana del 8 de marzo para que las autoridades y policías, que las habían metido allí, les permitieran salir al baño luego de estar toda la noche prisioneras. 

Sin embargo, la Fiscalía asegura que la subinspectora de la Policía, Lucinda Marroquín, mantuvo la llave del candado de la puerta en el cinturón durante nueve minutos sin abrir, mientras el fuego y el humo causaban la muerte y herían a las menores. 

El día anterior, el 7 de marzo de 2017, un grupo de adolescentes (56 niñas y 43 niños) había intentado escapar del Hogar Seguro para denunciar violaciones a sus derechos, pero fueron recapturados y concentrados frente al portón del centro de acogida, que se encuentra a 22 kilómetros de la capital, en el municipio metropolitano de San José Pinula. 

Por este caso hay al menos unas 8 personas que deberán enfrentar un juicio por diversos delitos como homicidio culposo, lesiones culposas, maltrato contra personas menores de edad, abuso de autoridad e incumplimiento de deberes. 

En este sentido, Vianney Mejía, madre de una de las pequeñas, dijo que las familias están molestas por retrasos en el proceso, y aseguró que es "indignante" que casi 3 años después sigan sin justicia y que el proceso "en lugar de ir avanzando va a para atrás". 

También Elsa Montúfar lamentó la inacción del Estado después de "cortarle la vida" a su hija y a sus compañeras y denunció que no quiere que esta causa se esclarezca porque "es culpable de todo lo que pasó".