Organizaciones en defensa del medio ambiente tratan de impedir una perforación en busca de petróleo en el pozo Perseverance 1, situado cerca del cayo Cay Sal Bank, conocido en español como Placer de los Roques, en aguas del suroeste del archipiélago de Bahamas.

Los grupos ambientalistas Waterkeeper Bahamas y Coalition to Protect Clifton Bay informaron este miércoles que presentaron una demanda judicial destinada a impedir que la compañía Bahamas Petroleum Company (BPC, en inglés) lleve a cabo la perforación prevista en ese lugar para este mes.

Los solicitantes interponen la demanda contra la decisión del gobierno de autorizar la perforación del pozo, ubicado en un área que incluye un atolón con un ancho de 66 kilómetros (41 millas) de norte a sur.

Los demandantes sostienen que la autorización para perforar fue procesalmente injusta e ilegal.

El ministro de Medio Ambiente de Bahamas, Romauld Ferreira, y la directora de Planificación y Protección Ambiental, Rochelle Newbold, están incluidos en la demanda.

Waterkeeper Bahamas y Coalition to Protect Clifton Bay buscan con esa iniciativa impugnar la decisión del Ministerio de Medio Ambiente de febrero de 2020 de otorgar la autorización a BPC.

Los demandantes están representados por el despacho de abogados Callenders & Co.

Los demandantes aseguran que las decisiones violan una decisión de 2018 del Ejecutivo que establecía que no se aprobarían nuevas perforaciones petroleras.

La demanda llega cuando el buque de perforación Stena IceMAX se dirige ya a Bahamas.

Las organizaciones ambientalistas denuncian además que la compañía petrolera no puede perforar legalmente el 15 de diciembre hasta que obtenga un permiso requerido bajo la Ley de Conservación y Protección del Paisaje Físico de las Bahamas y la aprobación bajo la Ley de Planificación y Subdivisión.

Los solicitantes sostienen que BPC actuó prematuramente al contratar una compañía para llevar a cabo las operaciones de perforación petrolera en Bahamas.

Los demandantes mantienen la esperanza de que se cumpla la garantía gubernamental de 2018, además de reiterar que se debe respetar la Ley de Planificación y Protección Ambiental. E