La Unión Europea rechazó el martes la expulsión de dos diplomáticos de España, pidió explicaciones al gobierno interino de Bolivia por la medida e hizo un llamado a superar la crisis con “celeridad”.

“La delegación de la UE en Bolivia expresa su profunda preocupación por la escalada de tensión diplomática... La expulsión de funcionarios diplomáticos es una medida extrema e inamistosa que debe reservarse a situaciones de gravedad”, dijo la delegación en un comunicado.

La presidenta Jeanine Áñez ordenó la víspera la salida inmediata de la embajadora de México, de la Encargada de Negocios de España y del cónsul español en Bolivia después de un confuso incidente ocurrido el viernes cuando agentes de seguridad españoles “con el rostro cubierto y presumiblemente armados”, según Áñez, acudieron a la residencia de la embajadora mexicana en La Paz, donde están asilados nueve altos funcionarios del expresidente Evo Morales.

Según la versión de los gobiernos de México y España, los agentes fueron a recoger a la encargada de Negocios de España, Cristina Borreguero, y al cónsul español Álvaro Fernández, que estaban de “visita de cortesía a la embajadora mexicana María Teresa Mercado”.

Pero el gobierno boliviano sospecha que el operativo tenía el supuesto propósito de liberar a los asilados, a quienes les ha negado un salvoconducto por estar supuestamente implicados en las violentas protestas que cobraron la vida de 35 personas y derivaron en la dimisión de Morales tras denuncias de fraude en las elecciones presidenciales de octubre en la que buscaba un cuarto mandato.

Por su parte, el gobierno mexicano señaló que la decisión de las autoridades bolivianas “es de carácter político”. Según informó la policía boliviana, la embajadora mexicana dejó el país andino en la mañana del martes.

Las relaciones con México se tensaron tras la decisión de ese país de conceder asilo a Morales y permitirle hacer declaraciones políticas. España se vio inmersa en la disputa y en reciprocidad ordenó la salida de tres diplomáticos bolivianos. No obstante, la canciller boliviana Karen Longaric dijo que la expulsión no implica una ruptura de relaciones con los dos países.

La decisión de Áñez también mereció críticas entre sus opositores. “Con esa postura sólo se causa daño al país. Esperamos que Áñez pueda repensar su posición”, dijo la presidenta del Senado, Eva Copa, al destacar el papel de la UE y España en la mediación para pacificar el país tras un mes de convulsión.

Grupos de vecinos hacen una vigilia frente a la residencia de la embajadora mexicana en La Paz para evitar una eventual fuga de los asilados entre los que se encuentra el brazo derecho de Morales, el extitular de la Presidencia Juan Ramón Quintana, a quien el gobierno acusa de organizar y financiar grupos de choque durante las protestas.

La administración de Áñez ha solicitado a México que entregue a los sospechosos, pero el gobierno mexicano respondió que, al haber solicitado asilo, seguirán bajo su protección.

Desde Buenos Aires, donde ahora se halla refugiado, Morales calificó en Twitter de “acto de desprecio por el derecho internacional” la expulsión de los tres diplomáticos.