El presidente del Frente Unido de Policías Organizados (FUPO), Diego Figueroa, advirtió hoy que el gobierno planifica ejecutar próximamente una cantidad de querellas administrativas producto de la investigación del Departamento de Seguridad Pública (DSP) sobre el ausentismo masivo de agentes con cargo a su licencia de enfermedad con el fin ulterior de estrangular económicamente a los gremios más débiles por la avalancha de los casos que terminarán en los tribunales.

El líder gremial, basó su análisis en información que se discutió ayer durante una reunión que se llevó a cabo en la Fortaleza donde se analizó el problema luego de la orden emitida por el juez federal Gustavo Gelpí, quien instruyó al DSP y al Departamento de Justicia de Puerto Rico a reunirse con el Departamento de Justicia estadounidense y con el asesor técnico de cumplimiento de la Reforma de la Policía, Arnaldo Claudio para discutir la posible solución.

Como resultado de la reunión, a la que estuvieron presentes Luis Saucedo, representante en el pleito por el Departamento de Justicia Federal con su grupo de trabajo, el licenciado Alfonso Orona Amilivia, principal asesor legal del Gobernador, Zulma Canales, por el DSP estuvo presente la directora de Servicios Gerenciales, por el Negociado de la Policía, la licenciada Estrella Vega, asesora legal en asuntos de política pública, Claudio y del Departamento de Justicia la licenciada Susana Peñagarícano, se redactará un informe que será presentado mañana ante el juez Gelpí.

“Un escándalo salió a relucir. El Imperio Contrataca, es la guerra de las estrellas (en alusión a la saga de las películas de Star Wars) porque vienen a presentar querellas contra una lista determinada de personas para hacer cierta y validar la orden que dio a (Héctor M.) Pesquera el Gobernador. Esto tendrá el efecto de estrangularnos económicamente a los gremios porque independientemente que sea fuerte o débil el caso uno tiene que defender a sus socios y estos casos nos cuestan miles de dólares en abogados y peritos y años de trabajo. Los gremios que no tienen dinero van a sufrir las consecuencias”, advirtió Figueroa, quien dijo que la información le fue suministrada por sus fuentes enteradas. 

Según contó, la División de Crímenes Cibernéticos de la Policía ha estado investigando las redes sociales de los policías que han encabezado el movimiento de ausentismo denominado como el “Blue Flu” y ya tienen elaborada una lista amplia y cuentan con fotos que le suministraron de personas que estando reportados ausentes en licencia de enfermedad publicaron sus fotos disfrutando de vacaciones familiares en Disneylandia y de otros disfrutando en negocios de bebidas embriagantes, entre otros ejemplos que ofreció.

Para colmo, expresó Figueroa, el reglamento de la agencia que entró en vigor el 29 de agosto del 2017, es mucho más estricto y específico sobre estos asuntos ya que se puede penalizar a un agente por ausentarse del turno sin informarle a su supervisor con al menos con 12 horas de antelación.

Otro de los artículos citados y aplicables en estos casos es el 99, que indica que “Conducta impropia o lesiva al utilizar las redes sociales para desacreditar, o que se desacredite, el buen nombre de la agencia, sus funcionarios y compañeros de trabajo, en todo momento o fuera de horas laborables” conlleva expulsión.

Además, en el Artículo 22 se detalla que constituye una falta grave al reglamento “Ridiculizar, censurar o criticar adversamente por escrito u oralmente, a través de las redes sociales o páginas de internet las actuaciones directas, determinaciones y órdenes legales de cualquier organismo judicial o cuasi judicial, funcionario público, miembro de la Policía con autoridad para emitir órdenes”.

Su violación conlleva suspensión de entre 40 a 120 días.

“El gobierno en su contraataque viene con eso con dos propósitos fundamentales: para que el pueblo no siga defendiendo al policía y otro desde el punto de vista político”, comentó el líder de FUPO, quien sostuvo que el gobierno no ha medido las consecuencias de esta acción que solo afectarán al policía que es el más débil.

Figueroa, reveló que le informaron que Claudio durante la reunión les advirtió que se debían ser cautelosos con este tipo de acción y evaluar que no se incurra en violaciones a la Constitución ni de derechos civiles.

Agregó, que contrario a las Policías de Nueva York y Washington, en el presupuesto de la Policía de los pasados diez años no se ha destinado una partida para el pago de horas extra y depende de que la Oficina de Gerencia y Presupuesto y el Departamento de Hacienda asignen estos fondos lo que retrasa el proceso de pago.

Al presente la agencia adeuda horas extra desde febrero del 2016, muchas de ellas a agentes y sargentos que ya se retiraron, sin embargo, no se conoce la cantidad de dinero que se deben de horas extra.

“Quedó claro en la reunión que no tienen personal suficiente para el pago de horas extras, que están por la libre porque no tienen un plan estructurado de cuándo y cómo se le va a pagar al 60 por ciento de los 13,500. El sistema está obsoleto y debido a su complejidad va a tomar mucho tiempo en actualizarse”, señaló Figueroa.