Nota de archivo: publicada hace más de 90 días

Anticipan demandas contra culpables de quiebra local

Por Osman Pérez Méndez / [email protected] 04/24/2019 |08:03 p.m.
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La jueza Laura Taylor Swain autorizó esa acción al Comité de Reclamaciones Especiales de la Junta de Supervisión Fiscal

Vienen demandas en camino para algunas de las entidades responsables por la deuda y el colapso financiero de Puerto Rico, luego que la jueza federal Laura Taylor Swain aprobara las estipulaciones que autorizan al Comité de Reclamaciones Especiales de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) a llevar adelante tales causas de acción en beneficio de Puerto Rico.

Según trascendió en la vista de los procesos de restructuración de la deuda de Puerto Rico bajo las disposiciones de la Ley Promesa, el Comité de Reclamaciones Especiales tiene previsto demandar a 27 bancos de inversiones suscriptores de la deuda, 9 bufetes de abogados y 5 firmas de contabilidad. Se anticipa que los nombres de las entidades demandadas se hagan públicos en aproximadamente una semana.

Al admitir las estipulaciones, la jueza explicó que todo se enmarca en un complicado escenario que incluye el vencimiento del término para la radicación de tales demandas el 2 mayo próximo, mientras que para el 16 de mayo vence el término de 90 días concedido tras la decisión del Primer Circuito de Apelaciones en el caso Aurelios, en que determinó que los nombramientos de los miembros de la JSF eran inconstitucionales.

En otros de los varios asuntos que fueron tratados durante la vista, la jueza Swain rechazó la solicitud del Comité de Acreedores No Asegurados (UCC, en inglés) para que se permitiera actuar como síndico del gobierno en acciones legales especiales, incluyendo demandas contra terceros identificados también como responsables de la debacle económica.

El representante legal de UCC argumentó que el Comité de Reclamaciones Especiales había abandonado causas que consideraba debían seguirse y que entendía podrían resultar en recuperación de dinero. Señaló además que entre los individuos que habían sido señalados hay dos exfuncionarios del extinto Banco Gubernamental de Fomento (BGF) que actualmente son miembros de la JSF, Carlos M. García y José R. González.

La jueza, sin embargo, consideró que UCC no había logrado probar su caso y agregó que la Ley Promesa es muy clara en otorgar la responsabilidad de decisiones de tal importancia a la JSF y no confiere a la corte esa capacidad. Subrayó además que “es responsabilidad de la Junta de Supervisión Fiscal ganarse el respeto de todas las partes involucradas y del pueblo por sus acciones, y tendrá que vivir con las consecuencias”.

La jueza también denegó una solicitud de un bonista que se representa a sí mismo y pedía se permitiera la creación de un comité adicional que representara los intereses de ciertos bonistas que alega no han sido representados adecuadamente por los comités existentes. Explicó que los argumentos presentados no eran suficientes como para que la corte ejerciera su discreción y permitiera un nuevo comité.

Por otro lado, un abogado de la JSF informó que los procesos de negociaciones con bonistas, retirados y empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) marchan de manera “muy prometedora” y se podría anunciar un acuerdo tan pronto como en una semana. Agregó que el proceso para privatizar parte de la AEE podría completarse antes de mediados de 2020.

En otro asunto, la jueza desestimó un pedido de la JSF para conceder tiempo adicional para poder radicar demandas de recobro de pagos de intereses y principal a ciertos grupos de bonistas, explicando que la entendía que la corte carecía de jurisdicción para atender tal pedido.

Más temprano en la vista, representantes de grupos de bonistas se enfrascaron en un debate sobre el recurso de la JSF que busca invalidar la legalidad de unos $6,000 millones de la deuda emitida en bonos.

El representante del Grupo de Bonistas de Obligaciones Generales (GO, en inglés), indicó que con esa impugnación se buscaba destruir a un grupo de bonistas para salvar a otros. Agregó que no consideran que los bonos en disputa fuesen un fraude.

Como parte de esa disputa, se cuestionó por qué se limitaba el pedido de invalidación a $6,000 millones, cuando podía abarcar una cifra similar que también se emitió para fechas similares bajo otras características. Asimismo, se sugirió que al eliminar ese grupo de bonistas podrían terminar arrastrando como perjudicados a muchos otros, y entrando en extensos pleitos legales.

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