El Tribunal de Apelaciones archivó hoy los cargos presentados contra el abogado Ángel Muñoz Noya por alegada corrupción pública junto al expresidente de la Cámara de Representantes, Jaime Perelló Borrás.

En una sentencia con fecha de ayer 15 de marzo, el panel compuesto por los jueces de apelaciones Roberto Sánchez Ramos, Irene Soroeta Kodesh y Giselle Romero García, con votación dos a uno, determinó que la Oficina del Fiscal Especial Independiente no tenía facultad para acusar a Muñoz Noya por no tratarse de un funcionario público.

“Por los fundamentos antes expuestos, se expide el auto solicitado, se revoca la decisión recurrida y se ordena el archivo de las denuncias presentadas contra el peticionario, por no haberse presentado por un funcionario sin autoridad para ello”, reza la resolución del Apelativo en la que se explica que es al Departamento de Justicia al que le correspondía investigar y presentar cargos contra el abogado imputado de delitos.

La jueza Soroeta Kodesh emitió un voto disidente en contra de la decisión de los otros dos jueces. “Cónsono con lo anterior, dejaría sin efecto la paralización de los procedimientos ante el TPI, según decretado el 25 de agosto de 2017, y devolvería el caso al foro primario para la continuación de los procedimientos. A mi juicio, se debería celebrar la vista preliminar sin dilación ulterior”, señaló la jueza en la opinión disidente.

Tras esta determinación, el Departamento de Justicia tendrá que decidir si presenta nuevos cargos contra Muñoz Noya o si van al Tribunal Supremo para dilucidar la controversia.

En agosto pasado, el juez Edgar Figueroa Vázquez del Tribunal de San Juan encontró causa para el arresto de Muñoz Noya y del asesor legislativo José Carrión Ferrer, imputados por cargos de extorsión, enriquecimiento injustificado e intervención indebida en las operaciones gubernamentales por su supuesta intervención en el otorgamiento del contrato para reemplazar el cuadro telefónico que la cámara baja concedió a la empresa 3Comm Global, del otrora recaudador de la Pava, Anaudi Hernández.

Los fiscales especiales independientes Ramón Mendoza Rosario y Leticia Pabón Ortiz también le imputaron a Muñoz Noya, miembro del bufete Sánchez-Betances, Sifre & Muñoz, una violación a la Ley para la Fiscalización del Financiamiento de Campañas Políticas. Muñoz Noya, quien formó parte del comité de finanzas del político, está representado por los abogados Luis Calderón y Ricardo Prieto.