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Apelativo determina que informe del gobierno sobre acuerdos de impuesto siga confidencial

Por Primerahora.com 04/16/2019 |06:06 p.m.
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El Tribunal no reconsiderará la petición de acceso a la información radicada por Espacios Abiertos.

El Tribunal Apelativo determinó ayer que no reconsiderará la decisión en contra de obligar a la administración de Ricardo Rosselló a revelar el Informe del Gobierno de Puerto Rico sobre Acuerdos de Reducción de Impuestos y otros gastos fiscales sometida por la organización Espacios Abiertos.

En el recurso legal le solicitaba al tribunal reconsiderar la sentencia que emitió el pasado 6 de marzo, cuando -en opinión dividida- dos de los tres jueces revocaron al Tribunal de Primera Instancia y fallaron a favor de mantener la información confidencial y fuera del ojo público.

Este documento fue preparado y entregado a la Junta de Supervisión Fiscal en julio de 2017.

Ayer, la decisión del panel -compuesto por el juez presidente Juan R. Hernández Sánchez y las juezas Maritere Brignoni Mártir y Gina R. Méndez Miró- volvió a ser dividida.

“… nada hemos encontrado en la Moción de Reconsideración que nos mueva a modificar o alterar en forma alguna nuestra Sentencia emitida el 6 de marzo de 2019, razón por la cual declaramos sin lugar la reconsideración”, se desprende del documento judicial.

Sin embargo, la jueza Méndez Miró indicó que sí reconsideraría la decisión del panel.

La moción de reconsideración alegaba que la mayoría del panel de jueces erró en su apreciación de los hechos y en la aplicación del derecho, toda vez que la jurisprudencia de Puerto Rico establece el acceso a la información de los documentos que generan las agencias públicas como un derecho protegido por la Constitución que deriva del derecho a la libertad de expresión, según explicó la organización cuando sometió el recurso.

Espacios Abierto estuvo solicitando desde hace un año la copia del Informe al Departamento de Hacienda y, ante la negativa, recurrió al tribunal con un mandamus.

En diciembre, el Tribunal de Primera Instancia declaró con lugar la petición y ordenó al gobierno a divulgar la información solicitada de forma inmediata.

No obstante, la administración de Rosselló insistió en mantener la información en secreto y recurrió al Tribunal de Apelaciones para evitar la publicación.

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