Bien atrás la Policía en hacer pruebas de dopaje

Por Maribel Hernández Pérez 03/11/2019 |11:45 p.m.
Lo que se conoce, por información obtenida previamente, es que al menos a los 40 cadetes juramentados para iniciar la próxima Academia de la Policía en mayo se les suministraron las pruebas por tratarse de un requisito compulsorio. (Archivo)  
Por años la Policía ha incumplido con el reglamento que los obliga a administrarlas a todo su personal.

El Negociado de la Policía (NP) no ha cumplido con el Reglamento 6403 que le obliga a administrar pruebas de detección de sustancias controladas a todos los funcionarios, contratistas y empleados de la agencia. 

No se conoce con certeza cuándo la agencia dejó de suministrar las pruebas toxicológicas a todo su personal, las que deben realizarse -al menos- una vez al año.

Solo se cuenta con un informe de auditoría realizado por la Oficina del Contralor, publicado el 28 de marzo del 2017, que cubre el período del 1 de enero del 2013 al 31 de octubre del 2016, en el que se reveló que se incumplió con la ley, ya que apenas al 12% del personal se le suministraron los controles. 

El Departamento de Recursos Humanos no reveló a cuánto ascendía la matrícula del NP en ese período, aunque se estima que debía rondar los 9,000 individuos.

Tampoco hay un número oficial del universo de agentes y contratistas actuales.

El sargento Raymar Hernández, oficial de enlace del Programa de Detección de Sustancias Controladas desde el 2013, que es el único supervisor en toda la Isla, no obstante, dice que cuenta con el apoyo de otras divisiones que pertenecen a la Superintendencia Auxiliar de Responsabilidad Profesional, la cual dirige el coronel José Ramírez, para que el proceso se realice “continuamente”.

El funcionario reconoció que, a pesar de que existe un “interés apremiante” de parte del NP en cumplir con el reglamento vigente, no todo el personal es sometido a estas pruebas de dopaje en orina anualmente, como lo dispone el reglamento que los rige.

“No (se le administran las pruebas de dopaje anualmente a todo el personal), dentro del presupuesto asignado se realiza el proceso”, respondió parcamente, pues tampoco conoce a cuánto dinero asciende la partida presupuestaria, ni el costo por individuo de las pruebas de orina y su análisis.

En el 2014, el presupuesto de la oficina era de $25,000 y se necesitaban unos $184,000 para cumplir con el reglamento.

Asimismo, el Negociado  incumple con uno de los requerimientos de la Reforma Sostenible de la Policía que requiere de enmiendas al reglamento a través de un proyecto de ley en la Legislatura para que se amplíe la prueba con el fin de detectar el uso de esteroides anabólicos.

Hernández reconoció que tampoco contaba con estadísticas sobre la cantidad de pruebas o muestras tomadas desde el 2013 -cuando ocupó la posición-, cifras sobre las sustancias más comunes que son detectadas, o algún estudio que refleje las intervenciones con policías por consumir alcohol o sustancias controladas en horas laborables.

“Se realiza un plan de trabajo aleatoriamente, se escoge la fecha, hora y lugar a ser realizado el proceso en coordinación con el Negociado de Ciencias Forenses (NCF), que es el laboratorio contratado por la Policía de Puerto Rico”, respondió Hernández, quien tampoco proveyó  datos sobre los términos del contrato y desde cuándo dejó de ser gratuito el servicio.

Durante el proceso, el personal del NCF se encarga de la recolección de las muestras de orina, las que lleva a analizar en su laboratorio y se levanta un Acta de Incidencias. No se proveyó información sobre el tiempo que se tarda el NCF en entregar los resultados.  

“Trabajamos con el factor sorpresa. Todo el proceso es estrictamente confidencial y visitamos las 13 áreas policíacas”, dijo el funcionario, quien dice realizar estas pruebas a los casi 1,000 candidatos a convertirse en cadetes en la nueva Academia de la Policía, pero ignora la cantidad realizada en lo que va de año.

Lo que se conoce, por información obtenida previamente, es que al menos a los 40 cadetes juramentados para iniciar la próxima academia en  mayo se les suministraron las pruebas por tratarse de un requisito compulsorio.

La Oficina de Prensa del NP tardó siete meses en atender la solicitud de Primera Hora para obtener esta información, la que se ofreció de forma  incompleta.

Las pruebas de dopaje se pueden hacer individuales. En el caso de que un supervisor tenga una sospecha razonable de que uno de sus subalternos pudiera estar consumiendo sustancias ilícitas, se debe redactar un informe dirigido a su oficina o directamente al Comisionado Auxiliar de Responsabilidad Profesional, o al propio Comisionado de la Policía, con sus fundamentos en un período no mayor de 32 horas a partir de la última evaluación de una conducta “anormal o errática” de ese empleado. 

Primera Hora consultó a un grupo de policías sobre la realización de las pruebas, a lo que respondieron que no se les ha tomado muestras entre seis y  ocho años.

En mayo de 2017, el presidente de la Comisión de Seguridad Pública del Senado, Henry Neumann, anunció que radicaría una resolución para investigar el tema de las pruebas de dopaje en la Policía luego de la divulgación de las pruebas toxicológicas practicadas al cadáver del sargento Luis A. Meléndez Maldonado, asesinado en hechos ocurridos en medio de una intervención en el residencial  en Humacao en octubre de ese año.

Los exámenes toxicológicos revelaron que Meléndez Maldonado había consumido una alta cantidad de alcohol antes del trágico hecho.

Pero Neumann no estuvo disponible para ofrecer detalles de los hallazgos de la pesquisa y sus recomendaciones para resolver el problema.

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