Un grupo de 25 miembros de la Guardia Nacional de Puerto Rico (GNPR) y de la Reserva del Ejército de Estados Unidos fue acusado por cometer fraude electrónico y robo de identidad agravado con una pérdida de $990,000.

Entre los arrestados figuran dos agentes estatales identificados como Freddie García Ruiz y Félix González Rodríguez, quienes temprano fueron expulsados de la Policía, según anticipó a este medio el superintendente José Caldero López.

La jefa de Fiscalía federal, Rosa Emilia Rodríguez, explicó que un gran jurado federal emitió ayer, miércoles, 14 pliegos acusatorios contra las 25 personas por realizar un esquema como reclutadores y asistentes de reclutadores del Programa de Asistencia de Reclutamiento del Ejército de Estados Unidos, conocido como G-RAP y AR-RAP, que investigan desde 2012.

"Este esquema es un problema a nivel nacional que está bajo investigación desde el 2012. Lamentablemente, según la investigación, Puerto Rico es el distrito en donde más dinero se ha perdido a causa de este esquema. Puerto Rico lo hace mejor", expresó Rodríguez, quien adelantó que el total del esquema es de $6 millones, pero que la investigación continúa.

Detalló que el esquema ocurrió entre 2007 y 2011, cuando la Oficina de la Guardia Nacional firmó un contrato con Docupak para administrar el programa GRAP. El mismo fue diseñado para ofrecer bonos a los soldados de la Guardia Nacional para reclutar civiles o personas que habían servido antes. La Guardia Nacional reembolsaba a Docupak por los pagos de bonos de reclutamiento que pagaban a soldados participantes. Al presente, el programa G-RAP no existe. En el pasado, se creó porque hubo una disminución en el reclutamiento, pero no operó indefinidamente.

Rodríguez explicó que el programa contaba con reclutadores y asistentes de reclutadores, que eran subcontratistas de Docupak. Su labor era identificar y ayudar a reclutar nuevos miembros potenciales en la Guardia Nacional. Sólo los asistentes eran elegibles para recibir bonos de referencia, que podía ser de entre $500 y $1,000 por cada soldado referido, y un bono adicional de entre $500 y $1,000 una vez el soldado era enviado a entrenamiento básico. Si había servido antes, podría recibir un bono de entre $2,000 y $8,500.

Como parte del esquema, el reclutador asistente creaba cuentas con la información personal que los reclutadores le proveían, como nombres, fechas de nacimiento y números de Seguro Social, de soldados potenciales sin su conocimiento. Así, los asistentes recibían los bonos y les pagaban a los reclutadores que le proveían la información personal de los posibles soldados.

La ayudante general de la Guardia Nacional, general Marta Carcana, catalogó la situación como "un día triste para la Guardia Nacional", pero que no debe reflejar lo que es el cuerpo militar que cuenta con casi 10,000 miembros.

Los reclutadores acusados son: Cristóbal Colón Colón; Ángel D. Rivera Rodríguez, quien es un policía retirado; Enrique Costas Torres; Luis De Jesús Negrón; Gabriel González Franco; Gilberto Rivera Quiñones; Juan Rivera Rivera; Héctor Rodríguez Colón; Guillermo Cruz García, y Edwin Izquierdo Montañez.

Los asistentes de reclutadores acusados son: Gilberto Gierbolini Emanuelli; Freddi García Ruiz, quien es policía; Félix González Rodríguez, también policía; Radamés Robles Meléndez, policía retirado; Emilio Rivera Maldonado; Carlos Meléndez González; Natalio Soto Rivera; José Rivera Pereles; Félix Lasen Nieves, empleado del Servicio Postal; Gregorio Quiñones Pacheco; Ángel Perales Muñoz, capitán del Ejército retirado; Axel Aponte García, empleado del Capitolio; Alexis Betancourt Jiménez; José Velázquez Lugo, y Garby Ruiz Rosado.

Todos los acusados fueron llevados ante la presencia del magistrado Bruce McGiverin para la vista inicial. 

La investigación estuvo a cargo del Servicio Secreto de Estados Unidos en Puerto Rico, la Oficina de Inspectores Postales y la División de Investigaciones Criminales del Ejército.

De ser encontrados culpables, se exponen a una pena máxima de 20 años más dos años por el robo de identidad agravado.

Las fiscales del caso son Olga Castellón y Amanda Soto.

Reacciona La Fortaleza 

El secretario de la Gobernación, Víctor Suárez, fue parco al comentar sobre el operativo federal, pero recalcó que los hechos bajo investigación no se centran en la gestión de la presente administración.

"Es una investigación que creo cubre los pasados 10 años, específicamente entre el 2008 y el 2010 son los hechos que se están evaluando, y pues como hemos dicho anteriormente, todas las investigaciones que lleguen a su final y que se investigue todo lo que tenga que investigarse", manifestó el jefe del gabinete de Alejandro García Padilla, durante una rueda de prensa en La Fortaleza.