El exrepresentante del gobernador ante la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), Christian Sobrino, no descarta que pueda enfrentar cargos criminales y así lo informó en una solicitud sometida en un caso de la ley federal PROMESA, en la que advirtió podría negarse a responder algunas preguntas para salvaguardar su derecho a no autoincriminarse.

La solicitud surge de una moción que sometieron en conjunto abogados de diversas partes del pleito, en la que le piden al Tribunal federal que emita una orden protectora para que Sobrino, exdirector ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf), declare en un pleito relacionado a la quiebra de la Autoridad de Energía Eléctrica.

"El tribunal debe tomar conocimiento judicial de la investigación activa del Departamento de Justicia de Puerto Rico en ciertas acciones supuestamente cometidas por el señor Sobrino mientras era oficial de la Junta de Supervisión Fiscal de Puerto Rico y la posibilidad de que esa investigación conlleve la presentación de cargos criminales contra Sobrino y otros", reza la moción.

Actualmente, el Departamento de Justicia de Puerto Rico investiga a Sobrino y otros exfuncionarios sobre posibles ilegalidades en el chat de Telegram que le costó la gobernación a Ricardo Rosselló.

La orden solicitada al Tribunal federal busca que se pueda obtener el testimonio de Sobrino en una deposición -una entrevista hecha por abogados como parte de los métodos de descubrimiento de prueba en un caso civil- al tiempo que se protegen "los derechos e intereses del señor Sobrino".

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Entre las exigencias de Sobrino y los abogados de las partes en esta orden estipulada, se encuentra que la entrevista no podrá ser grabada en video, el contenido de lo declarado solo será revelado a algunos representantes legales, y que el exfuncionario podrá consultar con sus abogados algunas de las preguntas.

"Sobrino tiene derecho a negarse a responder cualquier pregunta que él o sus abogados entiendan que viola sus derechos constitucionales bajo la quinta enmienda de la Constitución de Estados Unidos", indica la solicitud.

Los casos criminales contra jefes de agencia son investigados preliminarmente por el Departamento de Justicia, entidad que refiere sus determinaciones a la Oficina del Fiscal Especial Independiente, la agencia facultada por ley para someter cargos criminales contra esas figuras. A través de su portavoz Luis de la Cruz, la Oficina del FEI informó que le concedieron una prórroga al DJ y que tienen hasta el 13 de enero de 2020 para finalizar su investigación preliminar.