En suspenso quedó hoy, lunes, el inicio del juicio contra el agente Carlos R. Ocasio Matos, acusado por un cargo de negligencia en el complimiento del deber tras ser quien tuvo a cargo la investigación del caso del celador muerto de la Autoridad de Energía Eléctrica Francisco Chevres Rivera.

Y es que, según el Ministerio Público, si el hombre adscrito a la División de Patrullas de Carreteras de Bayamón hubiese realizado correctamente el inventario de la guagua el cadáver lo habrían localizado el día del accidente y no días después.

También se intentaba imponerle una pena para la restitución de los $2,278 al gobierno que fue el dinero en fondos púbicos en los que se incurrió en la búsqueda de Chevres Rivera.

Relacionadas

La jueza María Trigo Ferrauoli, del Tribunal de Bayamón, había separado la fecha del 17 al 21 de junio para iniciar el juicio, sin embargo, hoy se le informó la decisión emitida el jueves pasado por la jueza Janette Pérez López, quien declaró con lugar una moción para la desestimación de los cargos y antes de que procediera con el archivo del caso, el Ministerio Público representado por el fiscal Obdulio Meléndez Torra, pidió tiempo mientras consultaba con sus superiores si iban a apelar.

“La juez llamó en caso y expresó, yo no tengo nada que hacer aquí, recibí la resolución y voy a proceder a archivar el caso. El fiscal no se opuso, pero pidió que se le diera la oportunidad de consultar con sus jefas cómo se iba a proceder en el caso”, expuso el licenciado Luis E. Cabán Muñiz, de la Corporación Organizada de Policías y Seguridad (COPS), quien junto al licenciado Ervin Sierra Torres tuvo a cargo la defensa.

Cabán Muñiz, quien no había tenido acceso a las declaraciones juradas de los testigos del Ministerio Público, parte de las cuales fueron incluidas en la Resolución de desestimación de cargos, cuestionó el análisis de la escena que hizo el agente Peter Lebrón Rodríguez, adscrito a la División de Alcohol, Radar, Fotómetros y la sección de choques graves y fatales, quien fue utilizado como perito en reconstrucción de escenas ya que posee cursos de ingeniería con relación a la seguridad vial.

En su testimonio indicó que el conductor se salió de la carretera hacia el lado izquierdo donde impactó con su parte frontal en ángulo a un primer árbol que se encontraba fuera de la vía de rodaje sin dejar marcas de frenadas.

“Este impacto inicial provocó que el vehículo se elevara aéreo y gira hacia el lado derecho. Al elevarse toda la materia que está en el interior del vehículo, que no esté amarrada, incluyendo al conductor, se elevó de igual manera. Al elevarse y girar hacia el lado derecho, el vehículo se traslada por una distancia de diez pies por el aire e impacta con parte frontal lateral izquierdo (guardalodo), el segundo árbol a una altura de seis pies cayendo en un pavimento inclinado hacia atrás, provocando que todo lo que estaba elevado en el vehículo cayera hacia atrás, razón por la cual el conductor cayó en la parte posterior del vehículo”, según lee un fragmento de sus declaraciones.

“El supuesto perito que tiene la policía es un agente de Tránsito que uno usó ningún tipo de fórmula matemática, sin nada, que se atrevió a decir que la guagua giro en el aire y que el cadáver cayo en la parte posterior…y el Departamento de Justicia le dio credibilidad. Antes se contrataban ingenieros para hacer reconstrucciones de accidentes. Ahora entiendo la molestia de sus familiares. Esto llora ante los ojos de Dios, que el Departamento de Justicia se valga de eso para decírselo a la familia”, expresó Cabán Muñiz, al debatir la seriedad de la pesquisa. 

El director ejecutivo de COPS, Jaime Morales, cuestionó también la investigación realizada por el fiscal y se mostró esperanzado en que la secretaria del Departamento de Justicia (DJ), Wanda Vázquez Garced, desista de llevar el caso en alzada.

El DJ respondió por medio de la portavoz de la Oficina de Prensa, Mariana Cobián, que “está bajo evaluación”.

La investigación que hizo este fiscal fue una mediocre. Él nunca tuvo los elementos en derecho para que fuera un caso criminal, simplemente querer apuntársela contra un agente policía Puerto Rico y dañar su reputación. ¿Como es posible que se utilicen 52 testigos para un delito menos grave? Eso demuestra que no tenía caso. Si la denuncia habla malversación de fondos habría que acusar al fiscal por llevar un caso sin sentido y hacer perder tiempo en los tribunales del país”, puntualizó Morales.

Además, opinó que, por tratarse de un caso de índole administrativa, solo se le podría aplicar al agente una amonestación.

Los restos del celador fueron hallados cuatro días después en la compuerta trasera de su guagua marca Mitsubishi Montero, color oro, del 2005, que fue remolcada por una grúa desde la PR-165 en Dorado, donde fue recuperada durante la madrugada del 17 de octubre del 2018, hasta el estacionamiento de la División de Patrullas de Carreteras de Bayamón, donde un policía que se disponía a sellar el vehículo sintió el hedor del cuerpo en estado de descomposición.

La autopsia reveló que murió a consecuencia de un trauma cervical.