Para la defensa del exsenador Héctor Martínez y del empresario Juan Bravo, durante las tres semanas y media que duró el desfile de prueba la fiscalía le mostró al jurado una buena historia, pero no suficientes datos o evidencia real que sustentara sus teorías.

Con ese mensaje y la petición de que los encontraran no culpables, hoy, los abogados Abbe Lowell y Reid Weingarten dieron por concluidos los argumentos finales en el caso.

Los abogados establecieron que los proyectos de ley para crear un código de conducta en los centros comerciales y para enmendar la ley de detectives privados que Bravo ayudó a cabildear junto al Concilio Internacional de Centros Comerciales (ICSC, por sus siglas en inglés), no le beneficiaban económicamente sino todo lo contrario: le imponían nuevas responsabilidades y nuevos gastos.

Aunque en un inicio la fiscalía federal habló de que los proyectos siguieron un curso de acción más rápido de lo normal, luego alegó que Martínez retrasó el proceso hasta obtener lo que le ofrecieron: un viaje con todos los gastos pagos a Las Vegas para ver la pelea estelar entre Tito Trinidad  y Ronald “Winky” Wright.

Los abogados enfatizaron en que ese cambio de postura de la fiscalía significa que no pudieron demostrar lo que está en la denuncia ya que, según varios testigos explicaron en corte abierta, la consideración de ambas medidas fue a través del proceso ordinario.

Lowell dijo que mientras la fiscalía mostraba fotos llamativas del hotel en el que se quedaron Martínez Bravo, Jorge de Castro Font y otros amigos, dejaban a un lado la acusación formal cuyos elementos no probaron. 

Lowell y Weingarten descartaron, además, que haya evidencia de que Bravo -o cualquier otra persona- hubiese pagado los boletos de avión de Martínez.

La fiscalía, por su parte, en dos turnos distintos, uno a cargo de Monique Abrashanti y otro a cargo de Peter Koski, reiteró que sí hubo evidencia de que Bravo le dio instrucciones a su secretaria, quien a su vez pidió a una empleada de una agencia de viajes que hiciera tres reservaciones de vuelo: una para Bravo, otra para Martínez y las otras personas no las recordaba.

Los fiscales no dijeron que una reservación implica pagar el pasaje de avión, sino que lo dieron por sentado.

Para la fiscalía, no tenía sentido que Bravo le pagara a Martínez un pasaje y un boleto de $1,000 para ver una pelea de boxeo cuando sólo eran conocidos y sin que antes él primero hubiese hecho algún donativo para apoyar su carrera política.

“Bravo estaba comprando no solo su apoyo, sino su acción”, dijo Abrashanti.

Según dijeron ambos fiscales, hubo un acuerdo entre ambos para aprobar los proyectos de ley, que es una acción “oficial” y a cambio Bravo le pagó a Martínez con un viaje todo pago, que es la forma en la que se constituye el soborno. 

Indicaron que durante el tiempo en que estuvieron en Las Vegas -del 13 al 16 de mayo- Martínez no sacó dinero en efectivo ni tampoco pagó con tarjeta de débito o crédito “en ningún momento”.

Los abogados, sin embargo, recordaron que al menos una noche de la estadía de Martínez, se cargó a la tarjeta de crédito de De Castro Font.

“Pero eso es como decir que una persona no es culpable por robar un banco si no se llevó todo el dinero”, ripostó Koski.

Asimismo, cada parte atacó la credibilidad de sus testigos. Para la defensa, el testimonio de Víctor Rivera, mentor de Martínez y uno de sus asesores legislativos estuvo plagado de mentiras que acomodó para complacer y decir lo que el FBI quería escuchar luego de reunirse con agentes federales en 18 ocasiones.

Para la fiscalía, la versión de José Torres Más, amigo de Martínez y de Bravo, quien dijo en sala que Martínez compró regalos, pagó su almuerzo y un paquete en un polígono de tiro, estaba plagada de inconsistencias con relación a lo que dijo en el 2010 a un Gran Jurado que lo entrevistó en Las Vegas y que según documentos, se probó que estaba equivocado en muchas de sus aseveraciones y recuerdos.

Koski recordó que las versiones de Torres Más ante el Gran Jurado y la de Martínez a su ex asesor legislativo, Victor Rivera, en una reunión en su casa en el 2009 coinciden, por lo que a su entender se trató de un cuento para evadir la justicia y porque Héctor sabía había hecho algo mal.

Koski le pidió a los miembros del jurado que escucharan una grabación entre Bravo y Carlos Díaz de Hoyos, ex ayudante de Jorge de Castro Font, en la que el empresario le advierte que se deben cuidar porque tenía información de que el FBI estaba “velando” a entonces legislador y a su ayudante.

En total, las partes se extendieron durante unas seis horas para explicar todo y tratar de ganar el favor del jurado.

Los abogados elaboraron sobre los elementos que constituyen soborno según la definición oficial y cómo tiene que haber un acuerdo entre las partes antes -y no después- de que haya el intercambio de algo de valor.

Abrashanti insistió en que las acciones de Martínez, más allá de apoyar los proyectos de ley en febrero, surgieron en los días antes y después del viaje a Las Vegas.

Se espera que mañana el juez Francisco Besosa imparta las instrucciones al jurado y entonces el grupo se retire a deliberar.

Las instrucciones en este caso son cruciales ya que fue precisamente debido a un error en ese paso que el Primer Circuito de Apelaciones de Boston revocó el veredicto de culpabilidad al que llegó un jurado distinto en el 2010 contra Martínez y Bravo. 

Según se desprende de documentos judiciales, no detallar la diferencia entre una regalía y un soborno fue clave en esas instrucciones. La regalía es lo que se otorga después y que puede ser un gesto de agradecimiento, lo que no se considera delito a nivel federal.

Precisamente, el juez Besosa le rogó hoy al jurado que no tomaran una determinación aún sin escuchar las instrucciones.

Tanto Martínez como Bravo pasaron cerca de un año en prisión antes de que se revocara el veredicto.

 Aunque los abogados entendían que hacer un nuevo juicio constituía doble exposición, el Tribunal Supremo de Estados Unidos dio luz verde.