La indignación por la muerte del oficial correccional Pedro Joel Rodríguez Mateo se dejó sentir por decenas de compañeros, amigos y familiares que acudieron a su velatorio este domingo en el Centro de Convenciones de Coamo.

Aunque se mostraron visiblemente compungidos, tanto la viuda como algunos de los guardias penales presentes, declinaron hablar sobre el fatídico suceso que le arrebató la vida a Rodríguez Mateo, atacado por un recluso de Máxima Seguridad el miércoles 31 de julio en el Complejo Penitenciario Las Cucharas de Ponce.

Solo su prima hermana Lisbeth Santos Mateo pudo describir el dolor profundo que experimentan sus seres queridos al enfrentarse a la pérdida de Pedro Joel, el cual tenía 44 años al momento de su muerte.

“No hay palabras para poder expresar este dolor, solamente le puedo decir que lo dejamos todo en las manos de Dios. Era un primo, un hombre, padre, un ser humano excelente, sin mancha, humilde, sincero, o sea no hay palabras para expresar un ser humano tan excelente como era mi primo”, confesó Santos Mateo quien fue designada portavoz de la familia residente en Coamo.

La mujer que también labora como guardia penal en la institución Guayama 1000, destacó que la ausencia de su primo golpea aún más la situación familiar, ya que Rodríguez Mateo proporcionaba el único sueldo del hogar.

Según la portavoz familiar, aunque Pedro Joel estaba orgulloso de su trabajo al que dedicó casi 26 años, jamás pensó que algo así podría suceder.

“Él laboraba en Ponce Máxima y yo laboro en Guayama 1000, es un trabajo que realmente nosotros damos el todo por el todo, nos sentimos bien orgullosos de ser oficial correccional. Jamás pensó que podía pasarle eso, pero a él le tocó hoy, mañana puedo ser yo, o mi hermana, mi otro primo, cualquier compañero de trabajo, aun los civiles”, lamentó la fémina quien contó que en su familia hay varios oficiales correccionales y policías estatales.

“Hay mucho temor, estamos indignados y no sabemos lo que puede pasar en un futuro, trabajando con mucho temor, necesitamos más seguridad. En estos días desde que ocurrió lo que ocurrió, los confinados ya no hay un respeto hacia la oficialidad y se entiende que tememos por nuestras vidas, necesitamos más oficiales de custodia; es bien difícil trabajar y pasar por este proceso”, resaltó.

En tanto, en el interior del Centro de Convenciones estaba el féretro de Rodríguez Mateo cubierto por la monoestrellada, con escoltas de oficiales federales y correccionales que constituyeron guardias de honor.

A la derecha del ataúd había una bandera de Estados Unidos de color negro con franja azul, en respeto al oficial caído, mientras que a la entrada colocaron una pantalla con imágenes de Rodríguez Mateo en su núcleo familiar.

En el lugar también tenían una obra sin develar, que será mostrada este lunes a las 11:00 de la mañana durante la ceremonia de ascenso póstumo a Rodríguez Mateo, a quien designarán al cargo de sargento.

Mientras que el sepelio se efectuará a las 2:00 de la tarde en el cementerio Santa Catalina de Coamo, pueblo natal de Pedro Joel.

De otra parte, la muerte de Rodríguez Mateo destapó la crisis en el Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) que según una fuente de entero crédito podría dar paso a la reapertura del caso Morales Feliciano, pleito judicial de clase por violación a los derechos civiles de los confinados que duró unos 40 años.

De acuerdo con la confidencia, el secretario Erick Rolón Suárez estuvo reunido el pasado jueves con el juez federal Gustavo Gelpí, para dialogar sobre esa posibilidad.

En tanto, la reunión que sostendrá Rolón Suárez con la Junta de Supervisión Fiscal para atender el caos que impera en las instituciones penales ante la falta de guardias correccionales, se efectuaría a mediados de esta semana.

“He sido informado hoy que la directora ejecutiva de la Junta de Supervisión Fiscal (Natalie Jaresko) está de viaje y llega este miércoles. Por lo que tendremos una reunión para fines de esta semana en la sede de la JSF. Dicha reunión será con el objetivo de atender nuestros reclamos ante el riesgoso presupuesto que nos ha sido aprobado para el corriente año fiscal”, dijo el secretario del DCR sobre los $28,000,000 que retuvo la Junta en mayo pasado.

“Tal reducción es específicamente en las partidas de nómina y compras, y, de hecho, esta precaria situación presupuestaria coloca en riesgo el cumplimiento con las estipulaciones y órdenes del caso federal Morales Feliciano, pleito de clase radicado en 1979 y cerrado en el 2012, que generó sobre $250 millones de impuestos en multas al Gobierno y una extensa litigación que provocó que el Tribunal Federal emitiera sobre 1,300 órdenes dirigidas al DCR”, agregó Rolón Suárez.

El titular de la agencia insistió que “es importante que ella (Jaresko) vea de primera mano nuestras instituciones y comprenda que esta petición es con el fin de mantener nuestras facilidades operando adecuadamente. Que escuche los sacrificios que hacen nuestros oficiales correccionales y empleados para poder cumplir con nuestra misión. Este asunto es parte de nuestra agenda para la primera reunión sobre el último reclamo hecho a la directora ejecutiva de la JSF”.