Nota de archivo: publicada hace más de 90 días

El juez necesita inspiración en el caso de Marazzi

Por Frances Rosario / [email protected] 02/07/2019 |03:59 p.m.
El suspendido director del Instituto de Estadísticas, Mario Marazzi, camina por los pasillos del Tribunal de Primera Instancia de San Juan junto a su abogado, Frank Torres Viada. ([email protected])  
Les da a los abogados una semana para que le expliquen por qué debe o no inmiscuirse en unos nombramientos bajo la consideración del Senado.

Los abogados del suspendido director del Instituto de Estadísticas, Mario Marazzi, de la mencionada entidad y del gobierno deberán fijar -mediante escritos legales- los argumentos que permitan determinar si la Rama Judicial debe o no inmiscuirse en la legalidad de unos nombramientos realizados por el gobernador Ricardo Rosselló Nevares y que actualmente están bajo la consideración del Senado.

Los escritos, que deberán radicarse la próxima semana, buscan que el juez Anthony Cuevas Ramos, del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, consiga “la inspiración” necesaria para poder decidir si desestima o no la demanda radicada por Marazzi. La misma alude a que su suspensión fue concretada por un ente que fue constituido ilegalmente.

“Para yo intervenir en ese trámite (que realiza el Senado), yo necesito entrar un poco más de inspiración, y mire que yo con un poquito me inspiro”, soltó el juez desatando la risa de los presentes.

“Yo admito que el caso es un poco complejo”, le contestó el abogado de Marazzi, Frank Torres Viada, a Cuevas Ramos.

En esencia, se trata de un caso novel en el que Marazzi, sin haber completado los procedimientos administrativos que se siguen en su contra para destituirlo, recurre a la corte para detener toda acción determinada o que pueda determinar la Junta del Instituto de Estadísticas para lograr separarlo de su cargo. Así quedó establecido durante un largo debate entre abogados que intentaban establecer las razones por las que la demanda debe ser desestimada o proseguir el curso judicial.

La controvertible demanda fue radicada el pasado 30 de marzo, el mismo día de que la Junta lo suspendió porque en su contra pesa una orden de protección que supuestamente le imputa un incidente de violencia de género. La acción se tomó porque dicha denuncia en su contra afecta la “integridad personal” que se requiere para ocupar el cargo de director ejecutivo del Instituto.

Entre los pedidos que hizo Marazzi se encuentra una sentencia declaratoria decretando la ilegalidad de la composición de la Junta de Directores, así como la suspensión de las determinaciones que han tomado.

“Los codemandados Manuel Laboy Rivera, Harry Santiago Pérez y Alex López Echegaray no cumplen con los requisitos legales y reglamentarios necesarios para fungir como miembros de dicho organismo; así como decretando la nulidad de todas las actuaciones y decisiones tomadas, ejecutadas o implementadas por dicho organismo ilegalmente constituido”, se desprende de la demanda.

Son los nombramientos Laboy Rivera, secretario de Desarrollo Económico y Comercio, así como Santiago Pérez, quien es contador público autorizado (CPA) y pertenece a la Junta Reglamentadora del Cannabis Medicinal, los que actualmente están bajo la consideración del Senado. Estos actúan en propiedad en la Junta, porque fueron nombrados por Rosselló Nevares durante el receso de las sesiones legislativas, según se estipuló hoy en la primera vista que se cita de la demanda.

 
Mario Marazzi se canta animado tras recibir una querella

Se alega que el suspendido director del Instituto de Estadísticas le impidió la entrada a un demógrafo en el estacionamiento de la entidad. Mira cómo reaccionó en el tribunal.

El abogado de Marazzi alega que ninguno de los dos puede estar en la Junta, ya que no cumplen con la competencia que requiere la ley que creó el Instituto de Estadísticas. Específicamente, la regulación exige que sus miembros sean expertos en economía, planificación o estadística y que haya solo un representante del gobierno.

Torre Viada explicó a Primera Hora que el gobernador envió el nombramiento de Laboy Rivera como representante del gobierno. Alegó, sin embargo, que ya esa plaza era ocupada por López Echegaray, quien es miembro de las juntas de la Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública (WIPR) y del Conservatorio de Música.

Entretanto, afirmó que ninguno de los funcionarios cumple con el requisito de ley, pues Laboy Rivera es ingeniero químico, Santiago Pérez es CPA, y López Echegaray es un músico que posee una maestría en mercadeo.

Estos argumentos fueron cuestionados por el estado, quien solicitó desestimar la demanda, ya que a su juicio Marazzi no ha agotado los remedios administrativos que le quedan en el proceso de destitución y el Senado no ha pasado juicio sobre dos de los nombramientos.

“La ley 209 del 2013 es clara y el gobernador nombró conforme a ley”, afirmó el abogado del Departamento de Justicia que representó a Rosselló Nevares, Antonio Cintrón.

Añadió que si Marazzi desea impugnar esos nombramientos puede “ir a las vistas del Senado y exponer sus posturas. Tiene unos remedios que la ley le reconoce”.

Torres Viada, por su parte, insistió que el tribunal puede intervenir, porque no se ha cumplido con las especificaciones detalladas en la ley para nombrar a personas a la Junta del Instituto.

“Ninguna rama del gobierno puede ser juez de sus propios actos”, señaló el abogado al destacar la importancia de que se analice la demanda.

Torres Viada tiene hasta el próximo lunes a las 5:00 p.m. para radicar la explicación legal que establezca por qué el tribunal debe inmiscuirse en un asunto pendiente de la Legislatura. Mientras, los abogados del gobierno y del Instituto tendrán hasta el próximo jueves a las 5:00 p.m.

El juez no citó a una próxima vista en el caso. Se presume que resolvería las peticiones de desestimación de la demanda por escrito, una vez analice los documentos legales que le serán sometidos.

Regresa a la portada