A ocho días de que entre en vigor la ley federal que prohibiría las peleas de gallos en Puerto Rico, el secretario del Departamento de Seguridad Pública (DSP), Elmer Román, indicó que desconoce cuál será el plan del Negociado de la Policía para intervenir en este tipo de práctica aunque aseguró que las autoridades locales harán cumplir el estatuto.

Román fue abordado con el tema al salir de una reunión del Comité de Seguridad del gobierno efectuada esta mañana en La Fortaleza.

La ley federal que prohíbe las peleas de gallos entra en vigor el 21 de diciembre.

“Vamos a seguir la política pública del gobierno”, indicó en primera instancia pero no supo precisar cuál es esa política cuando se le inquirió la respuesta.

Indicó que el Negociado de la Policía no le ha entregado “el detalle final” del plan que se seguirá pero “a final de cuentas es una ley y estamos para implementar la ley establecida”. “Estoy seguro que la policía está trabajando  en cuestión de cómo va a intervenir”, agregó.

¿Se designarán recursos para eso?, se le inquirió.

“Eso es algo que tenemos que discutir… si es ley establecida el policía tiene que hacer cumplir la ley”, respondió.

Añadió que "la jurisdicción como tal es de las agencias federales que ya tienen un plan establecido… en el caso de la policía de Puerto Rico tengo que darle seguimiento”, sostuvo Román.

Los galleros de Puerto Rico han ido en varias ocasiones a La Fortaleza buscando que la gobernadora Wanda Vázquez Garced firme el proyecto de ley 2330 que les servirá como protección para continuar con las peleas de gallos luego de que entre en vigor la prohibición federal.

El proyecto, aprobado en la Cámara de Representantes, está en el Palacio de Santa Catalina desde el lunes 2 de diciembre se confirmó recientemente a Primera Hora por pare de personal de la oficina del representante y autor del proyecto Urayoan Hernández Alvarado.

“Si lo firma estaríamos, entre paréntesis, autorizados para continuar con la actividad gallística”, dijo hace unos días a este diario uno de los líderes de la industria gallística, José Ramón ‘Abuelo Pepito’ Rivera.

El proyecto 2330 va dirigido a otorgar licencias a galleras para que éstas puedan ser sede de peleas de gallos, como ocurre en la actualidad. Las licencias son procesadas por el Departamento de Recreación y Deportes, que tiene una oficina que supervisa el deporte de los gallos.

El proyecto también protege la legalidad de las peleas de gallos al evitar en la industria la práctica de importación o exportación de gallos para peleas.

El Club Gallístico de Puerto Rico y la Asociación de Cultural y Deportiva del Gallo de Pelea Fino tuvieron en octubre un fallo adverso en el tribunal federal de Puerto Rico, en donde cuestionaron la ley federal de la prohibición argumentando que ésta violenta sus derechos constitucionales. El juez Gustavo Gelpí declaró que la ley no violenta los derechos de los galleros.

Desde entonces, la industria gallera ha estado analizando varios caminos para ripostar, como apelar la decisión de Gelpí al Primer Circuito de Boston y cabildear en el congreso de Estados Unidos para posponer la corriente moratoria que acompaña la ley federal y la que concluiría el 20 de diciembre.