La fiscalía federal en Puerto Rico radicó 18 cargos contra tres personas implicadas en el caso conocido como los empleados fantasmas de la Legislatura.

Los acusados fueron identificados como Chrystal Robles Báez, Isoel Sánchez Santiago y Ángel Figueroa Cruz. Este último era el director ejecutivo de la Oficina de Asuntos Gubernamentales del Senado.

Según explicó la jefa de la Fiscalía Federal en la Isla, la fiscal Rosa Emilia Rodríguez Vélez, los cargos son por conspirar para defraudar usando medios electrónicos interestatales, hurto de identidad agravado y lavado de dinero por el uso de transacciones con el dinero obtenido a través del esquema de fraude. 

Además, Figueroa Cruz encara un cargo adicional de falsa representación intencional por parte de un representante de una organización que recibe fondos federales, por su rol de aprobar las facturas fraudulentas que presentaban las otras dos acusadas por supuestos trabajos que en realidad no realizaban.

Con el esquema, según un estimado “muy conservador”, se apropiaron de $27,300.

Los acusados se enfrentan a posibles penas de hasta 20 años de prisión, y la devolución del dinero robado.