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Fracasa impugnación a la constitucionalidad de la Ley de Armas

Por Primerahora.com 11/01/2016 |01:41 p.m.
Según el comunicado de Justicia, el Estado prevaleció en el argumento de que de la jurisprudencia federal establece claramente que Puerto Rico tiene autoridad para regular el procedimiento de adquisición y portación de armas. (Archivo)  
"Eliminar los artículos propuestos de la Ley hubiera abierto la puerta a cualquier ciudadano a obtener un arma de manera indiscriminada, lo que representa un riesgo incalculable a la seguridad pública", expresó César Miranda.

El Tribunal Supremo de Puerto Rico reiteró ayer la constitucionalidad de la Ley de Armas, informó hoy mediante comunicado de prensa el Departamento de Justicia.

El alto foro judicial denegó la moción de reconsideración presentada por los demandantes en el caso Jonathan Rodríguez, et al v. ELA, en la que los peticionarios solicitaron la impugnación de la constitucionalidad de los requisitos que impone la ley.

Una sentencia de junio de 2015 del juez Aníbal Lugo Irizarry, del Tribunal de Primera Instancia de Salinas había declarado inconstitucional los artículos relacionados al procedimiento de licenciamiento que rigen el proceso para poseer y portar armas de fuego. Entre los requisitos que se pretendían invalidar está la edad mínima de 21 años para poseer armas y el proceso de indagación y entrevistas que actualmente evita que adictos de sustancias controladas, ebrios habituales, personas con historial violento y ciudadanos que tengan órdenes de protección en su contra, tengan acceso a armas de fuego.

El juez incluso ordenaba que en sustitución del proceso administrativo establecido en la Ley de Armas, todo comprador de armas de fuego debía optar por el proceso de registro de armas promulgado en la ley federal a través del Registro de Transacción de Armas de Fuego que lleva a cabo el Buró de Alcohol, Tabaco, Armas y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés).

Posteriormente, el Tribunal de Apelaciones revocó ese fallo tras acoger un recurso de apelación presentado por el Departamento de Justicia y determinó que la ley es constitucional y no infringe el derecho a portar armas, y ahora el Supremo mantiene la vigencia de esta decisión apelativa. 

Según el comunicado de Justicia, el Estado prevaleció en el argumento de que de la jurisprudencia federal establece claramente que Puerto Rico tiene autoridad para regular el procedimiento de adquisición y portación de armas de fuego con el fin de velar por la seguridad y bienestar de la ciudadanía.

“Las armas legales deben estar en manos de personas que estén capacitadas para poseerlas. Eliminar los artículos propuestos de la Ley hubiera abierto la puerta a cualquier ciudadano a obtener un arma de manera indiscriminada, lo que representa un riesgo incalculable a la seguridad pública. Por lo tanto, esta decisión es un triunfo para la buena convivencia de todos y todas en Puerto Rico”, indicó Miranda en declaraciones escritas.


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