El Negociado de la Policía (NPPR) no estaba preparado para atender una crisis de seguridad, según quedó demostrado durante los 15 días de manifestaciones y marchas que se efectuaron a raíz de los arrestos federales por corrupción gubernamental y la divulgación del chat de Telegram entre el entonces gobernador Ricardo Rosselló, sus allegados y funcionarios de su círculo íntimo en el que se hicieron comentarios clasistas, machistas y homofóbicos, se delineaban estrategias para desviar la opinión pública y otros amenazantes.

El presidente del Frente Unido de Policías Organizados (FUPO), Diego Figueroa, reveló que el NPPR desembolsó una partida de $211,000 solamente para la compra de emergencia de gases antidisturbios a la compañía Safaryland Defense & Tecnology los cuales fueron transportados a la isla de un día para otro en un avión de la empresa FedEx.

“Estábamos engañados por el gobernador (Rosselló) que decía a diario que la Policía estaba preparada para atender cualquier situación de seguridad pública. No había gases, no había equipo de comunicación, ni cascos; los policías se quedaron sin voz porque no se oían los unos a los otros en medio del tumulto. Si no hubiera sido porque la coronel Clementina Vega (directora de la Reforma de la Policía) ordenó la compra, hoy Puerto Rico todavía estuviera enterrando muertos”, detalló Figueroa.

Además, dio a conocer que fue necesario el uso de un polígono privado de Aguas Buenas, lejos de zonas residenciales, para poder adiestrar a última hora a una cantidad indeterminada de los agentes que fueron movilizados en el lanzamiento de agentes químicos.

Figueroa no tenía disponibles los estimados de los fondos asignados para la compra de cascos protectores y de equipo de comunicaciones. Sin embargo, según informes preliminares del NPPR, del 10 de agosto se habían invertido $767,788.96 en la adquisición de equipos para el control y manejo de multitudes aprobado por Reforma de la Policía.

“Estos equipos se utilizan para preservar la seguridad de los oficiales durante actividades y/o manifestaciones multitudinarias, mientras cumplen con su misión de garantizar el derecho a la libre expresión de la ciudadanía. Además, incluye equipo para la dispersión de multitudes en casos en donde la vida y propiedad de terceros se pueda encontrar en riesgo”, dijo por escrito el comisionado del NPPR, Henry Escalera.  

“Todo esto se está traduciendo en el aumento en los asesinatos, los robos domiciliarios y los ‘carjackings’. No se trata de aumentarle los salarios hay más cosas que son más graves”, aseveró por su parte, el líder de FUPO.

Sus expresiones surgieron en defensa de los policías y oficiales del NPPR, luego de que la Brigada Legal Solidaria, dirigida por la licenciada Mariana Nogales, anunciara que están documentando incidentes ocurridos durante las manifestaciones en el Viejo San Juan para radicar al menos medio centenar de querellas administrativas sobre el desempeño de los uniformados contra los ciudadanos que participaron en las protestas.

A su vez, criticó al monitor de la Reforma Sostenible de la Policía, John Romero; al secretario del Departamento de Seguridad Pública (DSP), Elmer Román; y al comisionado del NPPR, Henry Escalera Rivera por no defender el trabajo de los cientos de agentes desplegados durante las manifestaciones en demanda de la renuncia de Rosselló Nevares.

“No han defendido a los policías, ni el Monitor, ni el secretario del DSP y la alta gerencia de la Policía, y por eso yo asumo la defensa de esos policías. Tenemos cinco abogados preparados para atender a nuestros socios. Estamos recopilando evidencia y fotos”, dijo Figueroa al resaltar que la mayoría de los ciudadanos que participaron de las actividades con la excepción de un reducido grupo que alega eran los que provocaban las confrontaciones, “marcharon en justa causa”.