El proceso que inició el Negociado de la Policía contra Raúl “Raulie” Maldonado Nieves por sus supuestas expresiones “agresivas” en contra del gobernador Ricardo Rosselló Nevares no cumple con lo estipulado con la Reforma de la Policía, por la que la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) lo reportará ante el juez presidente del Tribunal de Distrito federal, Gustavo Gelpí.

Así lo informó esta mañana el representante de la ACLU, el licenciado Fermín Arraiza, durante una entrevista radial (Nación Z – Zeta 93).

Maldonado Nieves es investigado por el Negociado de Licencia de Armas de la Policía, ya que posee 16 armas de fuego registradas a su nombra y, a juicio del comisionado Henry Escalera, el lunes de la semana pasada “realizó una serie de expresiones agresivas a través de las redes sociales contra el Gobernador de Puerto Rico. Al día siguiente, hizo declaraciones en varios medios de comunicación denotando una actitud que pudiera proyectar inestabilidad, incluyendo expresiones dirigidas directamente a la figura del gobernador”.

Tales expresiones achacadas a Maldonado Nieves surgieron en su página de Facebook, luego de que el gobernador destituyera a su padre, el exsecretario de Hacienda, Raúl Maldonado, por haber expresado públicamente que en la agencia había una “mafia institucional” y que funcionarios de “alto nivel” habían intentado extorsionarlo.

Entre otras cosas, el contador público y abogado llamó a Rosselló Nevares “corrupto” y dijo haber sido testigo de irregularidades en su administración.

Según Arraiza, este proceso investigativo no cumple con la Reforma de la Policía, pues no existe un reglamento que lo regule. “Y eso es uno de los elementos fundamentales de la Reforma, todo proceso legal que se vaya a iniciar dentro de la Uniformada, ya sea a nivel administrativo o en los tribunales, necesita un reglamento”, expresó.

Por esta razón, acotó que “afecta la Reforma, porque la Policía no está para estar persiguiendo ni a policías disidentes ni a ciudadanos disidentes”, y por ellos será informado a Gelpí para que se tome acción.

“Nosotros entendemos que es un asunto de alto interés público y por eso la ACLU decidió acompañarlos (al Cuartel General), ya que lo que estamos viendo en el país y el comportamiento del comisionado de la Policía, Henry Escalera, y de la alta gerencia, que podría llegar más allá de Henry Escalera, pues compromete la efectividad de la Reforma de la Policía”, insistió.

Ni Arraiza ni la abogada de Maldonado Nieves, Mayra López Mulero, conocen qué sucederá con la investigación que planificaba emprender la Policía. Pero el representante de la ACLU sostuvo que, a su entender, la Policía no debe proseguir con un proceso no regulado.

“Esperemos que no, porque es una situación grave. Esto es inaudito. Son situaciones lamentables que pueden terminar en desgracia y la Policía de Puerto Rico no se puede utilizar para perseguir a disidentes”, concluyó.