Una jueza del Tribunal Superior de Mayagüez declaró no ha lugar cuatro demandas radicadas por padres, organizaciones magisteriales y municipios para intentar detener el cierre de escuelas públicas en varios pueblos de la zona oeste.

Las sentencias de la jueza Lynette Ortiz Martínez concluyeron que los demandantes no lograron demostrar que el cierre de escuelas públicas violenta derechos constitucionales de padres y estudiantes.

“De la misma forma, los daños que alegan los demandantes que ocasionaría tal actuación, además de inciertos, se fundamentan en la esperada preocupación e incertidumbre general que puede causar en los padres, personal escolar y, de así fomentarse, en los niños, por acudir durante el año académico que está próximo a comenzar a otra escuela”, leen los documentos.

Las demandas radicadas por los municipios de Mayagüez, Añasco y Sabana Grande, así como otra radicada por padres en la que participó la Asociación de Maestros, argumentaban que el cierre de escuelas públicas ordenado este año por la secretaria de Educación, Julia Keleher, se hizo de forma irregular y sin seguir los procesos establecidos. Durante las vistas celebradas del 20 al 23 de julio, el municipio de Sabana Grande expuso que el cierre de escuelas provocaría problemas de seguridad, mientras que el municipio de Mayagüez argumentó que los cierres habían sido dictados por consideraciones político partidistas.

“En la prueba presentada, este Tribunal no halla, ni la mera sospecha de poder concluir que el criterio utilizado por el Departamento de Educación en la selección de las escuelas propuestas para cierre en el Municipio de Mayagüez fuera uno político, desde el punto de vista del personal docente, administrativo, padres, comunidad, ni mucho menos por los estudiantes matriculados”, indica el documento legal.

La jueza además señaló que se dejó llevar en su dictamen por la sentencia emitida por el Tribunal Supremo en un caso en el que también se intentó detener el cierre de nueve escuelas en la región de Arecibo y el municipio de Morovis. Dicha sentencia concluyó que Educación no violó derechos constitucionales al decretar los cierres.

De inmediato, tanto el alcalde de Añasco, Jorge Estévez, como la representación legal del Municipio de Sabana Grande lamentaron la decisión de la jueza Ortiz.

En declaraciones escritas, Estévez criticó principalmente el cierre de la escuela Parcelas María, la cual, reiteró, es la única que tiene un salón a tiempo completo para estudiantes de Educación Especial. De acuerdo con el mandatario municipal, la escuela a la que han sido asignados los estudiantes de Parcelas María no cuenta con las instalaciones necesarias.

“Los estudiantes del programa de Educación Especial serán los más afectados. Sepan los estudiantes, padres, directores, maestros y empleados no docentes que pueden seguir contando con este servidor y con la administración municipal de Añasco. En los próximos días me reuniré con mis asesores legales para determinar la acción a seguir”, sostuvo Estévez, quien objetó la clausura de dos escuelas en su pueblo.

Por su parte, el abogado Sixto Quiñones Rodríguez -representante legal de Sabana Grande- indicó que no descarta apelar la sentencia, aunque es una decisión que se tomará una vez se reúna mañana con funcionarios de la administración municipal. En Sabana Grande se cerrarían tres planteles.

“Las clases ya empiezan, así que hay que darle prioridad a esto. No descarto la posibilidad de ir en apelación, pero esa es una decisión que espero que se discuta mañana”, expresó Quiñones Rodríguez.