Un juez ordenó que el cabildero Elías Sánchez Sifonte y el publicista Edwin Miranda tienen que comparecer –“bajo apercibimiento de desacato”– al Departamento de Justicia y llevar sus celulares.

La decisión del juez Alberto Luis Pérez Ocasio, del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, responde a la investigación sobre posibles delitos cometidos en el chat de Telegram de Ricardo Rosselló y sus asesores más cercanos.

“La fecha, lugar y hora será coordinada por el Departamento de Justicia y los respectivos representantes legales de los aquí peticionados”, reza el documento publicado por el director de Noticias de NotiUno, Alex Delgado.

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Primera Hora se comunicó con el oficial de prensa de la Administración de Tribunales para solicitarle el documento, pero indicó que no lo poseía.

Sánchez Sifonte y Miranda –quienes integraban el chat– radicaron el pasado 13 de agosto una moción para que se dejara sin efecto una orden de comparecencia en los tribunales y no entregar su teléfono celular.

El juez Pérez Ocasio concedió, en ambas mociones, 20 días al Ministerio Público para que replicara por escrito y colocó en suspenso las citaciones.

Andréu Fuentes, quien fue el abogado de la ahora gobernadora Wanda Vázquez cuando era secretaria del Departamento de Justicia y fue acusada por el Panel del Fiscal Especial Independiente, indicó que su cliente impugnó la citación por considerarla contraria a la ley y sus derechos constitucionales.

“El Sr. Elías Sánchez siempre ha estado dispuesto a cumplir con cualquier Orden o Citación que cumpla con las leyes y las disposiciones constitucionales aplicables. Sin embargo, como a todo ciudadano de nuestro país, al Sr. Elías Sánchez la Constitución de Puerto Rico y de los Estados Unidos le protege el derecho a la intimidad y privacidad de toda la data y el contenido de su teléfono celular, así como de intentos por parte del Gobierno de obligarlo, so pena de desacato, a entregar y autenticar la misma”, dijo en declaraciones escritas en aquel entonces.

El Departamento de Justicia tiene una investigación abierta sobre las conversaciones que tuvo Rosselló en el chat de Telegram y de las cuales se desprenden comentarios machistas, sexistas, amenazantes, misóginos y burlescos. Además, compartían información confidencial a pesar de que Sánchez Sifonte no laboraba para el gobierno. Esta develación fue el pico para la debacle de la administración de Rosselló que culminó con su dimisión como gobernador.

El Ministerio les había solicitado a todos los miembros del chat que entregaran sus celulares.