La Policía de Puerto Rico supuestamente cometió irregularidades en el proceso de compras y realización de obras de construcción con fondos legislativos entre los años 2012 al 2015, según determinó una auditoría de la Oficina del Contralor dada a conocer este lunes. 

Específicamente, el informe de la contralora Yesmín Valdivieso revela que en la Policía “se llevaron a cabo compras sin subastas o mediante la modalidad de emergencia sin justificar, deficiencias relacionadas con la solicitud de cotizaciones, obras de construcción sin subastas y sin formalizar contratos, entre otras”.

Según detalló la fiscalizadora, en el periodo auditado la agencia emitió 22,589 órdenes de compra por $319 millones y se adjudicaron 92 subastas por $18.1 millones. De una muestra analizada, se evidenció que en un 15% se obvió el proceso formal de subasta sin justificación y en el 11% de las órdenes de compra se realizaron mediante la modalidad de emergencia aun cuando la explicación de la requisición no se justificaba la emergencia. 

“Esta situación impide a la Junta de Subastas obtener mejores ofertas, resta confiabilidad y puede propiciar el favoritismo”, dijo en declaraciones escritas.

Asimismo, la auditoría señala que en un análisis de las obras de construcción realizadas con $1.8 millones asignados por la Legislatura mediante la Resolución Conjunta 39 en el 2008, se encontró que “no se efectuaron subastas formales, no se formalizaron contratos escritos para los servicios de construcción, reparación o mejoras, y personas sin preparación académica certificaron los trabajos como realizados”. 

Otros de los señalamientos que destacó Valdivieso incluyen el que la Policía no utilizó el Informe de Recibo e Inspección al recibir el 78% de las órdenes de compra, no se le impuso una penalidad por entrega tardía al proveedor de uniformes de policías, no se ejecutó una fianza de ejecución por incumplimiento de un proveedor, y hubo múltiples deficiencias relacionadas con la venta de sellos de rentas internas. 

Como reacción a los hallazgos, el actual superintendente de la Policía, José Luis Caldero, dijo que impartió instrucciones para corregir las irregularidades señaladas.

“En mi carácter de superintendente, impartiré las directrices a los funcionarios y empleados para que ejerzan de acuerdo a las leyes y reglamentos un plan de acción para la corrección de los hallazgos. Velaré que se cumplan y mantengan unos controles internos para garantizar la mejor utilización de los fondos y propiedad pública, en aras de una sana administración”, señaló Caldero, según indica el informe de auditoría.

La auditoría realizada a la Policía cubre el periodo del 1 de enero de 2012 al 31 de octubre del 2015. En este tiempo, los superintendentes fueron James Tuller Cintrón, Héctor M. Pesquera López, Emilio Díaz Colón y Caldero. 

Del informe no surge que la auditoría haya sido enviada al Departamento de Justicia o a la Oficina de Ética Gubernamental para que evalúen la posibilidad de la radicación de cargos.