Tras una vista de más de cinco horas, la jueza coordinadora de la Sala de Investigaciones de San Juan, Yazdel Ramos Colón, desestimó anoche los tres cargos graves que le imputó la Oficina del Panel del Fiscal Especial Independiente (Opfei) a la secretaria del Departamento de Justicia, Wanda Vázquez Garced.

La magistrada subrayó que para tomar la determinación de no causa en las tres denuncias examinó “en varias ocasiones” todas las declaraciones juradas, incluso las de cinco fiscales, que fueron sometidas como parte de la prueba contra la funcionaria.

Los fiscales del Opfei -Ramón Mendoza, Iris Meléndez y Guillermo Garau- le imputaron a Vázquez Garced dos violaciones al artículo 4.2 (b) de la Ley de Ética Gubernamental y una infracción al artículo 252 del Código Penal, por presuntamente intervenir en la investigación de un robo en la residencia de su hija, Beatriz Díaz Vázquez, y su yerno, Kelvin Carrasco Ramos.

Alegaban que “un funcionario no puede utilizar sus facultades, directa ni indirectamente, para obtener ventajas o beneficios que la ley no permite”.

Enseguida que la jueza anunció el fallo, cerca de las 7:30 de la noche, la titular de Justicia se abrazó a los tres abogados que la representaron -Héctor Rivera Cruz, José Andréu Fuentes y Eduardo de Jesús- y con otros letrados que estaban en el público de la sala.

Poco después, el gobernador Ricardo Rosselló Nevares anunció en declaraciones escritas que reinstalaba con carácter inmediato a Vázquez Garced en la Secretaría de Justicia.

“En nuestro ordenamiento jurídico, respetamos las decisiones de los tribunales. Hago un llamado a todos los componentes de nuestro sistema de justicia a trabajar comprometidos con el estado de derecho y fortalecer la confianza pública en las instituciones del gobierno”, dijo el Gobernador.

34 Fotos

“Gracias a Dios y a la Virgen que este proceso abusivo terminó. Yo le dije al pueblo que esta investigación estaba torcida y amañada”, fueron las primeras palabras de Vázquez Garced al salir de la sala 907 del Centro Judicial de San Juan, donde se condujo la vista transmitida en directo por primerahora.com y otros medios de comunicación electrónica del País.

“No trajeron los testigos para que dieran cara. No había ninguna prueba contra esta secretaria”, sostuvo la funcionaria y agradeció el apoyo de “abogados, mis amigos, mi familia y mis padres”.

“Lo evaluaremos”, dijo cuando se le preguntó sobre la relación que debe mantener el Opfei con el Departamento de Justicia en el referido e investigación de casos contra funcionarios del gobierno.

Cuando se le preguntó cómo quedaba el Opfei tras la radicación del caso en su contra, la funcionaria dijo: “Eso no me corresponde a mí evaluarlo”.

Vázquez Garced declinó hablar sobre la investigación judicial que encara su esposo, el juez superior del Tribunal de Caguas, Jorge Díaz Reverón, por facilitar que uno de sus abogados, Edgar Vega Pabón, entrevistara al policía que investigó el robo en la residencia de su hija ocurrido el diciembre de 2017 en Gurabo.

“Ahí no hay nada… Mi familia fue atacada y cuando uno no puede atacar a las personas, se ataca a la familia”, sostuvo.

El exsecretario de Justicia, Rivera Cruz, quien integró la defensa, dijo que “el FEI falló” y que el caso no se debió haber llevado al tribunal.

“El FEI debió haber tenido un mayor grado de profundidad… No se habían cometido ninguno de los delitos”, indicó el abogado, quien impulsó la ley que creó el FEI en la década de los 80 como resultado de la investigación que esclareció los asesinatos del Cerro Maravilla.

Otro de los abogados defensores, José Andreu Fuentes dijo que las declaraciones juradas presentadas como parte de la prueba contra la Secretaria no eran consistentes con los argumentos de los fiscales especiales en la sala judicial.

A su salida del tribunal, los fiscales Mendoza, Garau y Meléndez dijeron que no estaban satisfechos con el fallo de la jueza y que evaluarán la prueba para determinar si acuden en alzada.

“No estamos de acuerdo, pero lo vamos a evaluar”, expresó el fiscal Garau, mientras Mendoza dijo que “hay otros procedimientos que el FEI ha iniciado en otros foros”.

En su argumentación en la vista, el fiscal Mendoza dijo que la secretaria de Justicia forzó a que la reunión sobre el caso del robo a la casa de su hija se diera en su oficina y que incluso mencionó que en la reunión “no va a haber acuerdo (de culpabilidad)” para los acusados de escalamiento.

“El fiscal del caso decía, que él tenía instrucciones…”, dijo Mendoza al referirse a las declaraciones juradas de los fiscales que vieron el caso.

“La razón de la Oficina del FEI es para atajar todas las manifestaciones de corrupción y de abuso de poder”, sostuvo el fiscal.

Los fiscales sometieron el caso con unas 14 declaraciones juradas de los fiscales que iniciaron la investigación del caso del robo, Néstor Acevedo y Luis Navas. También incluyeron declaraciones juradas del exsecretario de la Gobernación William Villafañe y el asesor legal del gobernador, Alfonso Orona, así como de la madre y la esposa de uno de los acusados del escalamiento.

Mendoza argumentó, también, que desde el 12 abril la secretaria de Justicia había sido referida por el gobernador Rosselló Nevares a la Oficina de Ética Gubernamental (OGF) en relación a la queja que llevó hasta La Fortaleza la madre de uno de los dos imputados en el caso del robo, por el acuerdo que le concedió la Fiscalía de declararse culpable por los delitos imputados a cambio de una sentencia de 15 años de prisión.

Mendoza indicó que el 2 de mayo, cuando Vázquez anunció en una conferencia de prensa los referidos al FEI por el escándalo del WhatsApp y también refirió en un sobre sellado, las alegaciones de que se había sentido intimidada por la entonces subsecretaria de la Gobernación, Itza García, no dijo que ya había sido referida a la Oficina de Ética Gubernamental.

Incluso, dijo que la fiscal Olga Castellón, entonces jefa de los fiscales, se inhibió de investigar a su jefa.

“Cuando le pasa la investigación a ella, Castellón se inhibió, percatándose del conflicto y lo pasa al FEI. El mejor ejemplo es que la jefa de los fiscales se inhibió”, indicó Mendoza.

“La prueba es más que abundante sobre las intervenciones de la Secretaria de Justicia en estos procesos”, expuso el fiscal.

Por parte de la defensa, Héctor Rivera Cruz alegó que se obviaron requisitos de la ley que crea la Oficina del Fiscal Especial Independiente. Específicamente, sostuvo que la secretaria nunca fue notificada de que estaba siendo investigada, que no se juramentó la querella en su contra y que no se siguió el debido proceso de ley.

Por otra parte, el otro abogado de la defensa José A. Andréu Fuentes dijo que para la Ley de ética gubernamental el beneficio recibido por el funcionario público debe ser económico y no de carácter abstracto como el que se le imputó a la Secretaria.

Además, puso en entredicho el que se sometieran acusaciones contra Wanda Vázquez sin una declaración jurada de la madre de uno de los convictos por el robo a la casa de su hija y que solo se hiciera con una carta de la entonces subsecretaria de la gobernación, Itza García.

“Es solo una carta que ella (Itza García) prepara”, dijo al destacar que García estaba siendo investigada por Vázquez por el caso del chat de WhatsApp.

Sobre la inhibición de Castellón, Andréu Fuentes dijo que la jefa de los fiscales “hace lo que tienen que hacer, lo refieren al FEI. Mal hubiera sido que lo chanchullaran, que no hicieran nada”.