El presidente del Frente Unido de Policías Organizados (FUPO), Diego Figueroa, advirtió que el Gobierno no debe crearle al país la expectativa de que el propuesto aumento salarial, de $1,500 anuales, para los policías equivaldría a una reducción en la criminalidad.

De hecho, el secretario del Departamento de Seguridad Pública, Héctor M. Pesquera, aseguró que el anuncio de la compra de 300 patrullas con tecnología; la reasignación de 1,435 policías que estaban destacados en funciones administrativas, entre otras medidas, les ayudará a atender el problema de la incidencia criminal. 

“Estos cambios nos ayudarán de manera efectiva a atender la incidencia criminal… Esperamos mantener un ritmo positivo en la disminución de delitos ”, comentó Pesquera en declaraciones escritas.

Aunque Figueroa le agradeció al gobernador Ricardo Rosselló su iniciativa de incrementar el salario de los policías, espera que el asunto de la criminalidad sea atendido por el Gobierno desde un enfoque multisectorial y agregó que la responsabilidad no debe recaer exclusivamente sobre la agencia.  

“El pueblo no debe pensar que ese aumento (salarial)  va a redundar en una disminución de la criminalidad porque el pueblo no puede esperar que el aumento o la reducción de los asesinatos va a estar sobre la joroba de la Policía. Esto es un problema multisectorial e interagencial; me explico, el problema de la criminalidad tiene que ser atendido con todas las personas, la iglesia, el gobierno con sus agencias como el Departamento de Justicia, el Departamento de Salud, ASSMCA, los programas psicoterapéuticos, se tiene que atender desde la raíz porque si no, Puerto Rico será cantera de crear criminales”, sentenció Figueroa. 

Sobre el tema del alza salarial, el comisionado interino del Negociado de la Policía, Henry Escalera Rivera, sostuvo que el mismo “fomentará el desarrollo de las estrategias anticrimen que ya estamos poniendo en función con unos resultados consistentes y positivos”. 

El líder de FUPO coincidió con el director ejecutivo de la Corporación Organizada de Policías y Seguridad (COPS), Jaime Morales, en que los agentes esperaban del Gobierno alternativas para mejorar su plan de retiro. Esto a pesar de que fueron advertidos de que no había fondos disponibles y de que será complicado legislar para que se lleve a cabo un referéndum especial entre los miembros de la Policía para que determinen si desean que se les extiendan los beneficios del Seguro Social. Insistió en que el Gobierno debe hablar claro.