“Más de la mitad” de los cuerpos que están en el Negociado de Ciencias Forenses (NCF) nunca debieron llegaron hasta allí, lo que provoca, entre otros problemas, la dilación en los trabajos de las autopsias y la acumulación de cadáveres.

“En el 2018 había 3,359 personas que entraron al NCF (para exámenes médicos) y no había que hacerle autopsia; entraron porque murieron en hospitales, en casas particulares, en centros de cuidados prolongados…”, dijo el licenciado Manuel Torres Martínez del NCF, que aclaró que -por alguna razón- se le hicieron autopsia a 109 de estos y al final reflejó que hubo muerte natural.

Aceptó que “lo más grande de esto es que lo mismo que hace mi médico generalista (en el NCF) lo pueden hacer un médico en un hospital porque se dejen llevar por el récord médico”.

Al día de hoy, en el NCF hay 261 cadáveres, según informó a Primera Hora Karitzia Ortiz, directora de prensa del Departamento de Seguridad Pública.

De ese total, 76 no están identificados, son los llamados “John Doe”; 51 no han sido identificados por las familias aunque sí tienen sus nombres porque al momento del deceso portaban alguna identificación; siete fueron identificados pero no reclamados por sus familiares; 34 están listos para ser recogidos por los funerarios, y 93 están pendiente a evaluación.

Aunque hay cuerpos en los vagones que se usaron cuando hubo la crisis de cuerpos en meses pasados, Ortiz dijo que ahora es por estrategia de trabajo, para que los empleados puedan hacer sus tareas con más facilidad  y eficiencia.

El licenciado Martínez Torres fue uno de los que testificó hoy en las vistas públicas donde se evalúa el P. de la C. 1698 , que faculta al NCF a disponer de los cadáveres que han sido identificados y que no son reclamados, luego de expirado el término de diez días desde la autopsia e investigación.

También, el P. de la C. 1699 que busca imponerle por ley la responsabilidad que tienen los médicos de llenar el certificado de defunción de una manera “responsable, explicando la causa y manera de muerte para que se pueda distinguir entre el cadáver que debe llegar al NCF y el que no”.

Estas investigaciones surgen luego que tras el paso del huracán María se acumularan tantos cadáveres que tuvieron que ser localizados en refrigeradores, y que nunca se supiera con exactitud el número de muertos tras el paso del ciclón.

También, al día de hoy, y por esa acumulación de casos, hay familias que pasan las de Caín esperando por el cuerpo de un familiar para darle cristiana sepultura.

A esto se suma la falta de personal y de recursos económicos en esa institución.

Aunque actualmente hay reglamentación que establece que luego de diez días un cuerpo reclamado debe ser entregado a los familiares, la realidad es que a veces pasan meses y los cuerpos siguen allí.

El representante del NCF aceptó que muchas veces los familiares, quizás ante la falta de recursos económicos, no pueden ir a recogerlos a tiempo.

También, aceptó, están los cuerpos que nadie reclama, aunque fueron identificados y otros que son los llamados “John Doe”.

El licenciado Martínez Torres informó en la vista pública que hace dos meses se estableció internamente que en un período máximo de 45 días se dispondrá de esos cuerpos ya sea mediante cremación o enterramiento.

 Sobre este punto, el senador Henry Neumann Zayas, presidente de la Comisión que preside las vistas, dijo que el período de 45 días en lugar de diez le parece razonable y que se estaría enmendando en la medida.

El legislador también sostuvo que el acumulamiento de cadáveres en el NCF tiene que ver “con la responsabilidad del médico de explicar fehacientemente la forma y manera de muerte para empezar a ayudar a evitar” la acumulación de cuerpos.

“Por razones humanitas dejamos que se extienda y que los familiares puedan arreglar cualquier situación que tengan para buscarlo (después de los diez días)…’, confesó Martínez Torres a preguntas de porqué los cuerpos permanecen tanto tiempo en el NFC.

Para el 2019 se han recibido 546 cuerpos y se han practicado autopsias a 187. A los que se le han practicado solo los exámenes médicos suman 326 y entregados 529. Estos números no necesariamente son todos de cuerpos que llegaron en el 2019.

Al reiterar que más del 50 % de los cuerpos en el NCF  nunca debieron llegar allí, alertó de que lo que esto “conlleva en gastos al pueblo de Puerto Rico es increíble”.

Neumann Zayas aprovechó para solicitarle al NCF que en tres días entregue cifras exactas de cuántos cadáveres hay almacenados, cuántos son reclamados y no recogidos; cuántos no reclamados, y el tiempo que llevan todos allí.

Mientras, Martínez Torres aceptó que si se aprueba una ley para que se disponga de manera rápida de los cuerpos “facilitaría el proceso de disposición y entrega de cadávares y eso nos ayudaría mucho si podemos hacer algo con los exámenes medicos, que la certificación de  muerte fuera en hospitales, casas…”.

Ejemplificó que ayer habló con dos patólogos del NCF y le indicaron que a veces, un doctor que está velando por una  persona con una enfermedad catastrófica y este llega al hospital, “el hospital todavía cree que si es menos de 24 horas, que esa persona va a morir, tiene que enviarlo para Forense. Eso es incorrecto. Esa especificación se derrogó… pero los hospitales, por alguna razón, creen que es un dogma, y nos envían este cadáver cuando no debería estár en Forense”.

Agregó que en otras ocasiones, un doctor quiere poner la certificación de muerte en el hospital, pero “el hospital no lo deja por x o y razón”. De su parte, el Departamento de Justicia estableció en su ponencia firmada por la secretaria, Wanda Vázquez, que el Ministerio Público debe mantener la facultad de los fiscales de solicitarle al NCF que investigue casos de muertes naturales.

En el proyecto 1699 se le concede la facultad al NCF para negarse a atender y/o recibir los casos de cadáveres por muertes  naturales no sospechosas, remitidas por hospitales, entre otros, y establece que la facultad de los fiscales de solicitar la investigación sobre un caso así debe estar fundamentada y justificada.

En la ponencia, discutida por la fiscal Ileana Espada, Justicia abunda que ese inciso limita la facultad del fiscal investigador a solicitar el examen del cuerpo de manera fundamentada y justificada a base de la investigación de cada caso.

Argumentó que durante el proceso investigativo puede surgir información que arroje, de forma honesta, duda sobre la causa de muerte, y que ello, por sí solo justifique la intervención del NCF.

Mientras, para el senador Neumann “el fiscal es parte de las herramientas necesarias para el momento en que se toma la determinación de si un cadáver debe llegar al NCF o no”.

Durante la vista también salió a relucir la posibilidad de que se reembolsen al gobierno los gastos en que se incurren con el manejo de los cuerpos.

En el caso de las familias particulares, Neumann dijo que lo ve“un poco difícil” y personalmente dijo estar en contra porque no se le puede agregar más preocupaciones a personas que están afectadas por la muerte de un familiar y objetó que “el gobierno se convierta en cobrador en  un momento de dolor”.

Pero en el caso de las instituciones, el senador había propuesto en su Proyecto del Senado 713, sanciones que podrían llegar a los $5,000 para “los médicos que no cumplían con la ley, porque al fin y al cabo, muchos certificados de defunción, y la propia fiscal (Espada) hoy nos dijo que el 15 o el 20% de los mismos los llenan de una forma irresponsable, poniendo como causa y manera de muerte, fallo cardíaco, que no explica para nada y no nos da las herramientas suficientes para poder determinar si es un cadáver que debe llegar al NCF o no”.

De su parte, el Departamento de Salud endosó las dos medidas.

Para una próxima vista serán citados representantes del Colegio de Médicos-Cirujano de Puerto Rico  y de la Asociación de Hospitales de Puerto Rico.