La vista sobre el proceso de quiebra de Puerto Rico a cargo de la jueza federal Taylor Swain, y que fue establecida por la Ley PROMESA para reestructurar la deuda pública de la Isla, arrancó esta mañana en el Tribunal Federal de San Juan con la presentación de la jueza Barbara Houser como líder del equipo que estará llevando a cabo los procesos de mediación que se estarán implementando como parte del caso.

La jueza Houser, de la corte de quiebras del Distrito Norte de Texas, enfatizó en que los procesos de mediación, aunque no siempre son satisfactorios para todos, permiten encontrar “puntos en común”.

Otros cuatro jueces federales “con calificaciones excepcionales” también han sido nombrados para ser parte del proceso de mediación.

La jueza Houser explicó por qué era preferible tratar el caso a través de una mediación, algo que también la jueza Swain sugirió repetidamente durante la vista.

Houser explicó que se prefiere una mediación porque puede evitarle a las partes una cantidad considerable de tiempo y dinero. Puede también evitar que surjan otros asuntos más complejos y difíciles de trabajar. Añadió que una solución consensual de los complejos asuntos presentados aquí lo antes posible va a beneficiar a todos y permitirá contar con más valores para distribuir entre todos.

La jueza Houser resaltó las capacidades de los cuatro “distinguidos jueces federales” involucrados en el proceso como personas especialmente calificadas con particular experiencia en asuntos de insolvencia, resolución de conflictos, bancarrota, entre otros.

Entre ellos está el juez Víctor Marrero, quien es puertorriqueño y trae experiencia particular sobre asuntos de gobierno, habiendo participado en diferentes facetas como abogado del gobierno de Nueva York. Marrero es un juez de la Corte de Distrito del Distrito Sur de Nueva York. Los otros tres miembros del equipo mediador son el juez Thomas Ambro, del Tercer Circuito de la Corte de Apelaciones; la jueza Nancy Atlas, de la Corte de Distrito del Distrito Sur de Texas; y el juez de quiebra Christopher Klein, de la Corte de Quiebras del Distrito Este de California.

La jueza Houser aclaró además que los procesos de mediación son confidenciales y quienes decidan participar, algo que sería de forma “voluntaria y de buena fe”, podrán hablar abiertamente ante los jueces y sin temor a que lo que digan se pueda “filtrar o usar en contra de ellos”. Añadió que “los mediadores no van a intentan forzar ningún asunto” ante las partes, y quienes decidan no participar podrán buscar otras vías, incluyendo la litigación.

Houser, no obstante, aclaró que todo asunto que no vaya a mediación será resuelto por la jueza Swain y que ninguno de los miembros de su equipo de mediación tendrá contacto con la jueza Swain, ni información sobre lo que está haciendo. Sí podrán emitir sus opiniones, en base a su experiencia previa, de cómo consideran que podría solucionarse algún asunto.

La jueza Houser invitó a las partes a acercarse a los jueces de mediación y aseguró que trabajarían “de manera incansable” en la búsqueda de soluciones razonables.

La primera cesión de mediación se fijó para el 12 de julio, en Nueva York.

Swain dijo que aunque había recibido muchas peticiones de abogados no atendería pedidos, a menos que fueran asuntos urgentes relacionados al proceso de mediación.

A pesar de la gravedad del complicado caso, en general el ambiente no parecía demasiado tenso en sala, y no faltaron incluso algunas risas breves al momento que abogados acudieron al estrado a presentar dudas, peticiones y mociones ante la jueza Swain.

La jueza puso en práctica un sistema de luces en el podio de los abogados para asegurar que el proceso se diera dentro de un marco de tiempo, con la luz amarilla marcando la mitad del tiempo consumido, y la roja que se había agotado por completo.

El tema de Cofina, y bajo la jurisdicción de quién debía estar, dominó la mayor parte del debate y las solicitudes de mociones del desfile de abogados que tomó el estrado para dirigirse a la jueza Swain, que no tuvo reparos en ordenar a más de un abogado a dejar el micrófono si no tenía asuntos relevantes que plantear.

Las partes enfrentadas en torno a Cofina, la agencia creada para manejar los préstamos que serían repagados a través del cobro del IVU, presentaron posiciones a favor y en contra, reclamando una acción con respecto al fallo pendiente en cortes sobre si el tema de Cofina se limita a las leyes y decisiones del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y el Tribunal Supremo de Puerto Rico.

Abogados de bonistas de Cofina presentaron sus temores de que los fondos de Cofina, en parte o en su totalidad, sean usados para hacer pagos de deudas, negando así los pagos a los aseguran tienen derecho los bonistas de Cofina. Agregaron que su premisa gana más urgencia ante los anuncios de que el gobierno podría quedarse sin dinero en los próximos meses, con la mención de noviembre como el momento más probable para que eso suceda.

La jueza denegó una moción propuesta por la JSF para designar un agente para solucionar la disputa entre Cofina y los bonistas de Obligaciones Generales, y pidió que buscaran otro mecanismo.

La jueza también denegó la moción para levantar el “stay” sobre la certificación de legalidad de Cofina por parte del Tribunal Supremo de Puerto Rico.

La jueza Swain, por otro lado, aceptó la consolidación de los casos de quiebra de la Autoridad de Carreteras y Transportación junto con el Título III del gobierno y Confina.

Durante la vista también se escucharían otros temas relacionados, entre otros, a solicitudes de los sistemas de retiros.