La entrega de casi doscientas cartas de traslado a los oficiales de la Administración de Instituciones Juveniles (AIJ) para las cárceles de menores de Ponce y Villalba ha ocasionado desasosiego entre los trabajadores quienes cuestionaron los motivos detrás de la decisión tomada por el Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR).

Los traslados, según opinaron varios oficiales correccionales con la condición de anonimato por temor a represalias, tienen efectos negativos ya que sus nuevos centros de trabajo están distantes de sus hogares, lo que ha afectado la salud emocional de algunos de ellos.  

“La realidad es que esto es una masacre silenciosa lo que están haciendo con todos nosotros…el más cerca que vive tarda dos horas en llegar a Ponce”, sostuvo uno de los afectados.

Los traslados son efectivos al 5 de diciembre.

Las notificaciones están siendo entregadas hasta altas horas de la noche en sus residencias y se les advierte que si no aceptan las condiciones impuestas están sujetos a amonestaciones o a enfrentar investigaciones administrativas. Algunos se han negado a recibir las cartas.

Los afectados ascienden a 198, divididos entre 148 oficiales de Instituciones Juveniles y 50 agentes de Operaciones Especiales asignados a estas cárceles.

“Lo van a pintar todo muy positivo, la realidad es que eso no es así, detrás de eso hay destrucción de mentes, de familias y de corazones”, exclamó.

Los problemas comenzaron con el cierre de la Cárcel de Menores de Bayamón, una semana después del paso del huracán María en septiembre del 2017, unos ocho meses más tarde, le tocó el turno a la institución de Humacao y a pesar de que los oficiales desplazados fueron enviados a reforzar el Complejo Correccional de Bayamón, que es una prisión para adultos, debido a que no cuentan con el adiestramiento a esos fines ya no pueden continuar ocupando esas posiciones.

“El problema es que nos quieren trasladarnos porque el Departamento necesita fondos y por eso nos envían a Ponce y Villalba. Mañana vamos a protestar por los traslados injustos”, sostuvo uno de los afectados.

Advirtieron que esta semana el secretario del DCR Eduardo Rivera Juanatey, se reuniría con la Junta de Supervisión Fiscal en busca de que se les apruebe una partida presupuestaria para el reclutamiento de nuevos oficiales de custodia para confinados adultos.

El DCR tiene asignado un monitor federal para supervisar el cumplimiento del gobierno por un caso de violación de derechos civiles radicado en el 1994 por el Departamento de Justicia Federal contra la AIJ.

Este medio se encuentra en espera de una reacción del DCR.