La defensa de Mari Tere González López anunció hoy que impugnará en el Tribunal de Apelaciones los 12 cargos de perjurio, falsedad ideológica, y posesión y traspaso de documentos falsificados que la Oficina del Panel del Fiscal Especial Independiente (OPFEI) le imputa a la exsenadora en relación a sus informes financieros como funcionaria pública.

“Entendemos que aquí no hubo intención criminal y el FEI no quiere aceptar que se enmendaron todos los informes. Estamos pidiendo que se aplique la misma regla que se aplica a cualquier hijo de vecino, que es que cualquier funcionario público que presente un informe ante la Oficina de Ética Gubernamental (OEG) lo puede enmendar. Los reglamentos están ahí, la ley está ahí”, sostuvo el abogado de defensa, Yuseph Lamboy.

“El FEI no quiere que Mari Tere presente la enmienda electrónica y cómo evitó eso, bloqueándole la cuenta. Al día de hoy han pasado dos años desde que el caso se radicó y no me han entregado un solo reglamento que permita bloquear una cuenta electrónica”, reclamó el abogado.

“Aquí no hay fondos públicos envueltos, no hay intención criminal. Esta es una señora que presentó unos errores en sus informes financieros y que los enmendó”, sostuvo para agregar que la exsenadora fue personalmente a la OEG a enmendar los informes.

Dijo que la exlegisladora popular, quien compareció hoy al tribunal pero no hizo comentarios, está “de buen ánimo” y que trabaja en una empresa privada.

“Ella sabe que en la vista preliminar trataron demostrar una relación ilegal entre ella y Anaudi Hernández y eso no se pudo demostrar. En ese sentido, mi clienta estuvo reivindicada de esas especulaciones que realizo el FEI a principios del caso”, indicó el abogado.

En una vista de estatus del juicio, que está pendiente ante la jueza superior, Wanda Cruz Ayala, del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, Lamboy informó que en los próximos días acudirá al Apelativo con un recurso legal. Dijo que pedirá al foro intermedio que revise el fallo del juez superior Aldo González Quesada, quien el pasado 20 de agosto denegó desestimar los cargos que pesan contra la exlegisladora.

El juez González Quesada tampoco dio paso al argumento de la defensa de falta de jurisdicción del tribunal sobre la controversia. Lamboy alega que correspondía a los pares de la exlegisladora en el Senado dirimir si había alguna violación en los informes financieros.

Los cargos contra González López se relacionan a los informes financieros que sometió ante la Oficina de Ética Gubernamental cuando era senadora, como se le exige a todo legislador. El OPFEI le imputa en las acusaciones haber mentido en la información que sometió relacionada con el alquiler de un apartamento que pertenecía a un socio del convicto contratista y recaudador del Partido Popular Democrático (PPD), Anaudi Hernández.

Los representantes del OPFEI, los fiscales Ramón Mendoza y Leticia Pabón se sostienen en que tienen un caso sólido y que aguardarán por el escrito que radicará la defensa en el Tribunal de Apelaciones para replicar.

“Esperaremos a ver que llegue ese tipo de planteamiento ante el Tribunal de Apelaciones. Nosotros entendemos que eso no tiene ninguna probabilidad de éxito”, dijo el fiscal Mendoza. 

Sostuvo que los 12 cargos “están relacionados o constituyen el delito de haber mentido bajo juramento, haber sometido información falsa en su informe de ética gubernamental a la Oficina de Ética Gubernamental (OEG), que es el delito de perjurio”.

Añadió que la falsificación ideológica “es el delito de colocar información falsa en un documento que requiere que digan la verdad y el otro delito es el traspaso del documento falsificado, que es haber radicado el mismo en la OEG a sabiendas de que incluye información falsa”. 

“Nosotros estamos más que confiados. Sabemos que la justicia debe estar de nuestro lado porque efectivamente tenemos la prueba para sostener el caso”, sostuvo el fiscal.

El juicio quedó sin fecha y la jueza Cruz Ayala programó otra vista de estatus para el 5 de noviembre de este año.