El secretario del Departamento de Seguridad Pública, Héctor M. Pesquera, dio una contraorden hoy, jueves, al anunciar que el gobierno va a donar los caballos que serán retirados de la Unidad Montada del Negociado de la Policía a centros de equinoterapia.

El comisionado del Negociado de la Policía, Henry Escalera Rivera junto al director del Negociado de Servicios Administrativos, Abimelec Pérez Estrella, corroboró ayer, miércoles, en entrevista con Primera Hora, que la disposición de los animales estaría a cargo de la Administración de Servicios Generales (ASG), siguiendo el protocolo de la agencia que establece que la prioridad sería para los agricultores.

Pérez Estrella detalló que la unidad contaba con 31 caballos de los cuales dos van a ser sometidos al proceso de eutanasia por un veterinario y ocho que fueron comprados con dinero del gobierno federal los cuales pertenecen al Departamento de Justicia, cuya titularidad se solicitará para que la ASG continúe con su disposición.

Estas declaraciones fueron hechas en presencia de la directora de prensa del DSP, Karizia Ortiz, del enlace de relaciones públicas con La Fortaleza, Eliot Rivera y del director de la Oficina de Prensa de la Policía, Axel Valencia.

Sin embargo, Pesquera desautorizó a Escalera Rivera al negar que los caballos se fueran a vender por precios nominales.

“Esos caballos no están en venta y no se ha vendido ni uno. Estos animales serán donados para dar terapias a personas discapacitadas con diversidad funcional y autismo, entre otras condiciones”, sentenció varias horas después de que el fundador del santuario Horse & Pons Inc. Luis González, le hiciera un llamado a la Primera Dama, Beatriz Rosselló para que interviniera en el asunto porque considera que los caballos merecen un retiro digno.

“Estos caballos merecen un retiro digno siempre no ha dicho son vida esto no es un carro dañado que tiras en un lote por eso el protocolo para los caballos debe ser diferente”, indicó González a Primera Hora.

En el mismo comunicado se cita al director de la ASG, Ottmar Chávez, confirmó que su agencia comenzará un proceso para donar estos caballos a centros de equinoterapias.

Se estima que el ahorro al eliminar la Unidad Montada sería de $492,230.24, que incluye la renta de facilidades, utilidades, gastos de herrero, veterinario, alimento promedio y el costo de cada caballo que puede rondar los $6,500. 

El costo conservador de mantener un caballo es de unos $10,000 y podría aumentar por complicaciones de salud, aclaró Pérez Estrella.

Escalera Rivera anticipó que comprarían vehículos todoterrenos para el patrullaje en la zona playera.

De otro lado, se cita en el comunicado a Escalera Rivera indicando que “para lograr ahorros y tener más policías en la calle estamos revisando la estructura de la Policía para lograr ahorros. En ese sentido, la División de la Unidad Montada del Negociado no tiene uso efectivo y nos cuesta cerca de $500,000, que ahora lo vamos a ahorrar para invertir en recursos esenciales”.

Sin embargo, Escalera repitió que el cierre de los cuarteles se hizo “no es por el costo es eficiencia en el servicio maximizar los recursos de la policía”.

El Comisionado no ha revelado cuáles son las siete áreas que se perjudicarán por los cambios propuestos mediante el estudio de necesidad que llevó a cabo la compañía Vision to Action (V2A) en cumplimiento con el requerimiento 13 de la Reforma Sostenible de la Policía, que busca aumentar la efectividad y la eficiencia de la agencia.

La razón ofrecida para hacer pública la información es porque tendría que reunirse primero con los alcaldes, comerciantes y los comités que representan a la ciudadanía para discutir el plan, lo que solo se visto en el caso de la alcaldesa de Ponce, María “Mayita” Meléndez.

Con el alcalde de Cabo Rojo, Roberto “Bobby” Ramírez Kurtz, quien expresó su malestar por el cierre de tres cuarteles y traslados de policías que despojarán al municipio de Cabo Rojo de unos 50 agentes afectando la seguridad de la ciudadanía y de los miles de visitantes que reciben en la temporada de verano, se habló después de tomada la decisión.

Mientras que, con Juan Carlos García Padilla, alcalde de Coamo, quien le suplicó públicamente al gobierno que evitara el cierre del destacamento del barrio Hayales no se consultó.

La clausura del cuartel, que abrió en el 2002 para atender la seguridad de la zona montañosa ya que servía a la zona alta de Coamo, Barranquitas, Aibonito y Orocovis afectaría a la seguridad de cientos de ciudadanos y el patrullaje sería más costoso, agregó García Padilla en declaraciones escritas. La agencia no paga los costos de alquiler ni de los servicios de energía eléctrica ni de agua porque los paga el municipio. 

Hace una semana se cerró el precinto de la Rambla del área policial de Ponce fue cerrado y su plantilla fue trasladada al cuartel de la calle Villa, que ahora tiene 93 agentes.

Posteriormente, se continuará con el cierre de los cuarteles de Morel Campos y de la Playa de Ponce los cuales serán consolidados con el de El Tuque.

Otro de los proyectados cierres, que no confirmó es cuartel del barrio Sabana Hoyos del área policíaca de Arecibo y el traslado a Manatí de las divisiones de Tránsito y de Drogas de Vega Baja, a pesar de las numerosas fotos que hay en las redes sociales sobre la remodelación de esas instalaciones.